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La UE sanciona a España por una mala depuración de sus aguas

La Unión Europea impone una multa de 12 millones de euros por las deficiencias que se han detectado en siete enclaves de Andalucía, uno de Asturias y otro de Tenerife.
Efe, Madrid
26/jul/18 6:30 AM
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La UE sanciona a España por una mala depuración de sus aguas



El Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido que España deberá abonar la multa millonaria impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la correcta depuración de sus aguas residuales. El Ministerio para la Transición Ecológica anunció ayer que prepara ya medidas “de choque” para paliar esa situación, que se plasmarán en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. 
El departamento que dirige Teresa Ribera mostró su preocupación por que España haya agotado todos los plazos y se vea obligado a asumir la multa, primera que con carácter coercitivo se impone a España por un asunto medioambiental.
El Ministerio ha observado que el 99,3% de las aglomeraciones urbanas del país ya cumple adecuadamente con los requisitos europeos de saneamiento y depuración. 
La sentencia del Tribunal de Justicia europeo condena a España a abonar a la Comisión Europea una multa coercitiva de 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y una suma de 12 millones de euros por el retraso en atender las obligaciones de tratamiento de las aguas residuales de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. 
Los núcleos afectados en el procedimiento son: siete en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa), una en Asturias (Gijón Este) y una en Tenerife (Valle de Güímar). De ellas, cuatro aglomeraciones urbanas (Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este) cuentan con ya con una declaración de Interés General de Estado, y en el caso de tres andaluzas (Barbate, Matalascañas y Nerja) también existe ya una declaración de Interés de la Comunidad Autónoma, informó el MITECO. 
El Tribunal de Justicia ha sentenciado que España ha incumplido una sentencia previa de 2011 en la que se declaraba que 38 aglomeraciones no cumplían con los requisitos de la Directiva europea de saneamiento y depuración de aguas residuales –nueve de las cuales siguen todavía sin cumplir esos requisitos–. De esas nueve aglomeraciones incluidas en la sanción, el Gobierno espera que tres (Nerja, Alhaurín el Grande y Coín) estarán correctamente antes de finales de 2018; otras dos (Isla Cristina y Gijón Este) lo estarían antes del final de 2019; y previsiblemente dos (Matalascañas y la del Valle de Güimar) lo estarán en 2020. 
El núcleo más retrasado es Barbate, cuya licitación de la redacción del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental se prevén para este año, pero no se espera que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022. Esta actuación, ha recordado el Ministerio, fue incluida, para ser ejecutada por la Administración General del Estado, en el Protocolo suscrito con la Junta de Andalucía en julio de 2017. 
El Ministerio ha insistido en que las administraciones locales son las competentes en la materia, y subsidiariamente las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o que se haya suscrito un convenio específico con las comunidades autónomas. Tras conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la UE varias organizaciones ecologistas han denunciado que los incumplimientos en materia de depuración de aguas residuales son “históricos” y que la sentencia por esas irregularidades era ya conocida y esperada.  Desde Greenpeace han manifestado que es un tema que “colea” desde hace más de 13 años.