El juez de Instrucción número 31 de Madrid no sentará "de momento" en el banquillo al expresidente de Bankia Rodrigo Rato al rechazar la petición de la Fiscalía, partidaria enjuiciar de forma inmediata y separada un presunto trato de favor en la adjudicación de la publicidad de la entidad.

Entre los motivos están los vínculos que unen esta parte del caso, sobre las presuntas comisiones de 835.000 euros que habría recibido el exministro por la publicidad del lanzamiento del banco, con el presunto fraude fiscal y el blanqueo que le atribuyen los investigadores en las distintas piezas separadas.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal, aunque reconoce que el plazo de instrucción ha expirado, descarta procesar ya a Rato y a otras 17 personas a las que apuntaba el Ministerio Público, para quien existen indicios suficientes para desgajar con celeridad este primer frente.

En su denuncia, la Fiscalía señalaba a Zenith y Publicis, agencias que vencieron la convocatoria, por su supuesta responsabilidad en el pago de dos millones de euros al presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno, Alberto Portuondo.

De esos dos millones, 835.000 euros habrían sido percibidos por Rato a través de su empresa Kradonara 2001 procedentes de Albisa Inversiones, propiedad de Portuondo, contratado paralelamente por esas compañías para identificar nuevos negocios.

Según la fiscal Elena Lorente, el exministro "se sirvió de íntimos colaboradores" como su secretaria personal, Teresa Arellano, a la que otorgó "altas funciones ejecutivas dentro de la entidad", y su "amigo y hombre de confianza" en Bankia, José Manuel Fernández Norniella.

El documento, fechado el pasado 4 de junio y conocido hoy, asegura que "a los efectos del control absoluto", el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) "colocó" en el equipo de comunicación y publicidad del banco a personas del "círculo" contra las que también se dirige la causa.

Éstos constituyeron un "auténtico grupo de presión" que actuó como "núcleo duro a las órdenes y beneficio" de Rato, indica Fiscalía, para la que debería abrirse juicio además a las agencias y a ocho de sus directivos, incluidos Miguel Ángel Furones y Sergio Lorca, al frente de Publicis y Zenith, respectivamente, en el momento de los hechos.

Si bien el representante legal de ambas compañías defendió ante el juez la "perfecta legalidad" de su relación con Portuondo, para la acusación sus gestores "eran conocedores de la irregular finalidad de las comisiones abonadas a Albisa, colaborando activamente por el cargo que ocupaban".

A tenor del documento, las comisiones recibidas por Kradonara 2001 ascendieron a 474.416 euros en 2011 y 360.608 euros en 2012.

En declaraciones a Efe, Rato ha criticado que Anticorrupción haya realizado tal petición sin haber examinado las últimas pruebas ordenadas por la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado abril instó al magistrado para que requiriese a Bankia las propuestas de todas las agencias.

Sobre ello, el exministro ha dicho que la documentación enviada ahora por la entidad "indica que los procedimientos internos se respetaron", y ha insistido en que "en ningún momento" la Fiscalía ha probado que se hayan vulnerado los procedimientos de adjudicación o que se perjudicara al banco.

Además, ha señalado que en septiembre de 2015 aportó al juez las actas que reconocían a Publicis y Zenith como ganadoras de los baremos técnicos propuestos en creatividad y medios.

Pese a desestimar la petición principal, el titular del juzgado atiende la prueba documental solicitada e incorpora al procedimiento, entre otros, atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en 2017 avisó de que el político habría empleado mercantiles domiciliadas en el extranjero sin actividad conocida con fines defraudatorios.

A finales de mayo, la Audiencia de Madrid rechazó el archivo de estas pesquisas al valorar sus nexos con el resto de piezas, por lo que Rato deberá prestar declaración en una fecha aún por concretar.