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ANDALUCÍA / JUICIO

Una exasesora de Empleo asegura que Chaves y Griñán conocían la gestión de los ERE

Sevilla, Europa Press
29/may/18 18:20 PM
eldia.es
De izquierda a derecha, Gaspar Zarrías, José Antonio Griñán y Manuel Chaves durante el juicio de los ERE de Andalucía. /POOL

María José Rofa, la ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, ha asegurado que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían conocimiento de la gestión de la Dirección General de Trabajo del programa presupuestario 31L por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

Rofa ha seguido declarando este martes como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían dichas ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y que eran abonadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fondos del 31L que la Dirección General enviaba a este ente a través de transferencias de financiación.

Rofa, a preguntas de la acusación del PP-A, ha afirmado que Chaves y Griñán tenían conocimiento porque el gabinete de Presidencia pedía "suficiente información" de pagos, protestas y conflictos "cada vez que surgía un conflicto o una queja".

En este sentido, la testigo, que declara con asistencia letrada al encontrarse aún investigada en la pieza separada de los ERE que investiga la ayuda de A Novo, ha añadido que "antes de visitar territorios era normal que el gabinete de Presidencia preguntara si había alguna conflictividad en ese lugar".

Rofa, quien "contribuyó" en la investigación según la juez instructora Mercedes Alaya y que hizo entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta 1.627 archivos electrónicos que ella guardaba de su labor en la Dirección General de Trabajo, ha manifestado que cuando este lunes hacía referencia a que el pago de algunas ayudas venían ordenadas "desde arriba" y que el último que se enteraba era el director general de Trabajo --ella coincidió con Juan Márquez y Daniel Rivera--, se refería a alguien "superior" al director general, ya sea viceconsejero o consejero, quien "tuviera interés".

Así, ha precisado que en el Consejo de Gobierno cada consejero "representa a un territorio" y ha apuntado que el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, procesado en esta causa, "impulsó" las ayudas a Primayor o las de Delphi "venían de Presidencia, de hecho el único que no salió en la foto fue el exconsejero de Empleo Antonio Fernández --procesado en esta causa-- y sí el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Zarrías y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo", otro de los ex altos cargos procesado en este juicio.

Sobre Delphi, ha señalado que fue una decisión "política más allá de las consejerías de Innovación y de Empleo, era un tema muy grande, incluso del Gobierno central".

"El 31L lo conocía todo el mundo, incluso el Parlamento", ha afirmado, apuntando que "el impulso" del programa "no viene de la Dirección General, sino de miembros del Gobierno, según el territorio".

La acusación del PP-A ha preguntado a Rofa a quién se refiere cuando habla de Presidencia. "Me refiero a ambos con las que yo he trabajado", añadiendo que Griñán solicitó información sobre el ERE de Mercasevilla, cuyas irregularidades saltó a la prensa en noviembre de 2010 y motivó una revisión por parte de la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20 y 21 de ese mes de todos los ERE que aún se estaban pagando.

Ha explicado con detalles lo que sucedió desde el día 17 y al domingo 21. Cuando se publicó en prensa la existencia de 'intrusos' en el ERE de Mercasevilla "saltaron las alarmas y tensiones" en el gabinete del consejero Manuel Recio, quien ordenó que el equipo de la Dirección General revisará los expedientes.

Con la presencia de la por entonces delegada provincial Aurora Cosano y el propio Rivera, comenzamos el sábado a buscar "incongruencias" entre listados de los expedientes. "Buscamos sindicalistas o nombres conocidos", ha añadido.

"CUATRO MAROMOS" COMO INTRUSOS EN MERCASEVILLA

"Cualquier discrepancia había que comentársela a Rivera", ha continuado la testigo, que ha indicado que por la tarde el ex director general de Trabajo y encausado en esta pieza Francisco Javier Guerrero llamó a una trabajadora de la Dirección General, que también estaba en la revisión de expedientes, y le dijo que "eran cuatro maromos y que no se preocupara", en relación a los intrusos en Mercasevilla.

El domingo continúan revisando expedientes. El director general de Trabajo, que tenía en su posesión el expediente de González Byass, le pregunta a Rofa si estaba el exconsejero de Empleo Antonio Fernández --procesado en esta causa-- en el expediente.

"YA SABEMOS POR QUÉ ESTE POLLO NO SALE DEL PARLAMENTO"

Tras comprobar que el DNI de Fernández aparecía en el listado, Rivera llamó a alguien, que Rofa no ha sabido identificar, y dijo "ya sabemos por qué este pollo no sale del Parlamento", en relación del exconsejero. En este sentido, la ex asesora técnica ha explicado que ella había escuchado en boca de José González Matas, quien fuera dueño de la mediadora Uniter, que Fernández había renunciado a su derecho a ser incluido en el expediente.

Para Rofa, Fernández podía ser beneficiario del ERE porque era miembro de la plantilla de González Byass, aunque estuviera en excedencia.

El domingo, cuando ya se encontraba en Huelva, su excompañero en la Dirección General y exparlamentario socialista Ramón Díaz, entonces ya en la Diputación Provincial de Sevilla, le llamó "en un tono que no era de un compañero", preguntándole por los expedientes revisados. "Me llamó porque se lo habían pedido desde la Secretaría General del PSOE de Sevilla" --José Antonio Viera era el secretario general--, ha afirmado Rofa.

A raíz de conocerse las irregularidades en Mercasevilla, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla incoa diligencias previas y pidió a la Dirección General de Trabajo los expedientes. Rofa, en este sentido, ha asegurado que los expedientes que "llegaron al juzgado no son los que había en la Dirección General" y "con lo que yo trabajé", sino que "se complementaron" porque los ERE y las pólizas "no estaban en todos".

Apunta que "sólo aparecen mis correos y los de Guerrero, como si sólo hubiésemos trabajado nosotros" allí. "Se han reconstruido expedientes, se han sacado correos como los de Rivera", ha añadido.

"La Junta reaccionó cuando reaccionó", ha manifestado, en relación a la respuesta del Gobierno andaluz a las irregularidades detectadas en los ERE cuando saltó en prensa el asunto. Si se descubre este asunto cuando ella llega a la Dirección General en 2008 "no le cabe duda" de que se hubiese reaccionado como lo hicieron --junto a Márquez-- para mejorar el desfase en las cuentas de IDEA, el desorden o en la refinanciación de las pólizas.

AMENAZAS E INSULTOS DE RIVERA

En este sentido, Rofa ha indicado que Rivera, durante la revisión de expedientes, le dijo que "quitara las órdenes de pago" del expediente de Mercasevilla, a lo que ella le contestó que formaban parte del mismo.

Rofa, que ha asegurado que nunca ha tenido la sensación de que participaba en algo ilícito porque, con Márquez, lo que se buscó fue hacer una foto de la situación de los pagos de las ayudas que dejó Guerrero e "ir mejorando en lo que se podía mejorar", fue cesada el 25 de marzo de 2011 y ha narrado como el 15 del mismo mes Rivera la llamó "amenazándola e insultándola por tres veces" y diciéndole "te lo he dicho de buenas maneras, dedícate a tu hijo y tu trabajo". "Me amenazó con mi despido", ha concluido

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