Los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig volverán a comparecer este miércoles ante el tribunal belga que debe pronunciarse sobre las órdenes de detención y entrega emitidas por el juez del Tribunal Pablo Llarena, que investiga los sucesos relacionados con el ''procés''.
La audiencia comenzará a las 9.00 horas y se desarrollará a puerta cerrada. Será la segunda vez que los tres políticos catalanes huidos a Bélgica acudan a la Cámara del Consejo desde que el magistrado Llarena reactivase las euroórdenes contra ellos.
En la primera ocasión, que tuvo lugar el pasado 18 de abril, la vista fue aplazada porque la Fiscalía había pedido más información a las autoridades judiciales españolas.
El escenario más probable es que el juez no tome este miércoles una decisión sobre la ejecución o no de las órdenes de entrega y que, por el contrario, aplace la misma varios días para estudiar las alegaciones presentadas por las partes, como ya ocurrió durante el procedimiento que se desarrolló en noviembre del pasado año.
En aquella ocasión, en la que la Justicia belga analizó las euroórdenes cursadas por la Audiencia Nacional, la Fiscalía belga pidió la entrega de Comín, Serret y Puig, así como de Carles Puigdemont y Clara Ponsatí -- que entonces seguían en el mismo país -- por los delitos de rebelión y malversación, pero no por prevaricación.
En concreto, el Ministerio Público entendió que estos dos delitos encajan en la legislación belga en las descripciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por parte de funcionarios", según informó la defensa de los requeridos.
En el nuevo procedimiento, Comín es el único al que Llarena ha procesado por un delito de rebelión, además de malversación de caudales públicos. Serret y Puig, por su parte, han sido reclamados por delitos de desobediencia y malversación.
Una vez el juez dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o la defensa de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso y llevar el caso al Tribunal de Apelación.
Tras la sentencia en Apelación las partes aún podrían recurrir a una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que no se pronunciaría sobre el fondo de la euroorden, sino sobre la forma del procedimiento.
Las reglas de la orden europea de entrega establecen un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la extradición de la persona reclamada por otro Estado miembro, con la posibilidad de una prórroga de 30 días más en casos excepcionales para llegar a un total de 90 días. Sin embargo, estos plazos están previstos para proteger los derechos de los detenidos, por lo que si los acusados no están en prisión los tiempos son menos estrictos.