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Las ayudas ERE no tuvieron en cuenta las normas y eludieron el control, según la UCO

Sevilla, EFE
2/may/18 16:40 PM
eldia.es
Un magistrado del caso de los ERE a su llegada a una sesión del juicio. /Cedida

Un comandante de la UCO que elaboró un atestado sobre cómo daba las ayudas de los ERE la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo ha declarado hoy que el sistema establecido "desplazó" la legislación aplicable, permitió la "falta de controles" y el menoscabo de fondos públicos.

El investigador ha testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Según este agente, el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo -que daba las ayudas- y el ente público IFA -que las pagaba con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación- "desplazó" la aplicación a las ayudas de los ERE de la Ley de Hacienda Pública y del Reglamento de Subvenciones que se estaba redactando y que tras aprobarse debió derogar el convenio.

A juicio del comandante de la UCO, que comenzó a declarar el lunes y ha seguido hoy para responder a las defensas de varios acusados, ese convenio marco supuso "crear un procedimiento específico" para regular la concesión de unas ayudas concretas por parte de una consejería y al pagarlas vía IFA mediante fondos enviados por transferencias de financiación se produjo "una falta de control".

En este sentido, ha explicado que hasta 2001 en la Junta se utilizaban como instrumentos financieros la encomienda de gestión y la subvención pero ese año se introdujeron las transferencias de financiación.

Un instrumento que la Intervención de la Junta alertó en varios informes de que su uso para pagar ayudas y no gastos corrientes de IFA era "inadecuado" y que la Fiscalía y las acusaciones populares sostienen que buscaba eludir la fiscalización previa.

Como ya señalara el lunes, ha insistido en que a "juicio policial" el sistema provocó un menoscabo de fondos públicos desde el momento en que ya en el informe adicional de 2005 sobre el ejercicio 2003 de IFA, el interventor alertaba entre otras irregularidades de que se están dando ayudas "por importe superior al necesario" para las prejubilaciones.

También ha reiterado, a preguntas de la defensa del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que no está de acuerdo con la revisión que hizo la Junta y que reduce a una veintena los beneficiarios de ayudas que no les correspondían, los llamados intrusos, además de situar el conocimiento de su existencia por parte de la Junta en 2009, dos años antes de estallar el caso.

En concreto ha señalado que "la primera constancia objetiva de la existencia de intrusos es de mayo de 2009".

Preguntado por la defensa del exdirector de IFA Jacinto Cañete sobre la legalidad del uso de las transferencias para pagar las ayudas de Empleo al aparecer indicado en las memorias de Presupuestos, el comandante ha señalado que las conclusiones policiales aluden "no a la legalidad" de la herramienta de financiación como tal sino "a las consecuencias derivadas de la falta de control" que ello supuso y a los reparos de la Intervención a su uso para pagar las ayudas de los ERE.

El convenio marco de 2001 expiraba en diciembre de 2003, pero "se prorrogó de manera artificiosa para seguir dando validez al procedimiento", ha añadido.

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