El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha declarado hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE que jamás se le trasladó ningún informe de la Intervención que requiriera su actuación como consejero de Hacienda ante las deficiencias detectadas en las ayudas que daba Empleo.

Griñán ha comenzado hoy a responder al fiscal Anticorrupción en un juicio en el que este pide para él 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación al mantener un sistema con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales, según la acusación, de forma arbitraria y eludiendo los controles.

Consejero de Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta de 2009 a 2013, Griñán ha asegurado que no recibió ninguno de los informes en los que el interventor -también acusado- alertaba de que era "inadecuado" el sistema por el que se pagaban las ayudas, vía la agencia pública IDEA con fondos que Empleo le mandaba mediante transferencias de financiación.

Tampoco recibió, ha dicho, el informe adicional de 2005 sobre las cuentas de IDEA de 2003 en el que el interventor revisó una veintena de expedientes de ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo concluyendo que se daban "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Todos esos informes, y así lo ratificó el interventor Manuel Gómez en el juicio, iban dirigidos al consejero de Empleo (porque su departamento daba las ayudas), al de Innovación (porque IDEA, que las pagaba, estaba adscrita a este) y a Hacienda (de la que la Intervención depende orgánicamente).

Griñán ha defendido que no se los pasaron porque no requerían ninguna actuación suya como consejero de Hacienda y que los conoció al estallar el caso cuando preguntó por ellos y quien fuera su viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, "dijo exactamente que ninguno había sido remitido para actuación del consejero".

Aguayo también está acusada en este juicio y se enfrenta a las mismas penas que Griñán y admitió que no le pasó ningún informe a su jefe por las mismas razones e incluso que no pasaron ni por su mesa, sino que se quedaron en niveles técnicos.

El fiscal Manuel Fernández ha cuestionado entonces qué finalidad tenía mandarlos a Hacienda y el expresidente ha dicho que "no tiene ningún fin" y obedece sólo a que la Intervención dependía orgánicamente de Hacienda.

Ha insistido en que esos informes no alertaban de menoscabo de fondos públicos, sino que promovían mejoras en el sistema para las "consejerías concernidas", a lo que el fiscal le ha preguntado que si estas "no hacen nada" Hacienda "no controlaba" y si no creían que los avisos del interventor exigían alguna reacción por su parte.

"Le estoy diciendo que si no se promueve una actuación del consejero de Hacienda no puede actuar", ha respondido.

El expresidente, que ha ratificado su declaración ante el Supremo en la instrucción, ha dicho desconocer "exactamente" los detalles del programa de Empleo de ayudas sociolaborales, que era "insignificante" en el Presupuesto de esa consejería y cómo se gestionaban.

Griñán se ha explayado en una disquisición técnica y contable sobre que su pago vía IDEA mediante transferencia de financiación no impedía su fiscalización -la Fiscalía sostiene que se eludía la fiscalización previa más rigurosa que el control financiero al que se sometían los pagos por IDEA a posteriori-.

En un momento del interrogatorio del fiscal sobre el pago de las ayudas mediante pólizas con aseguradoras, y tras varias respuestas de Griñán sobre el desconocimiento de quién las elegía y si era normal incluir pagos a mediadores, el juez Juan Antonio Calle le ha cortado al señalar que "no procede hacer más preguntas" sobre temas que el "acusado ya ha contestado reiteradamente" desconocer.