Un político que comete presuntas irregularidades, se declara inocente, se niega a dimitir, su partido le apoya y habla de acoso, su principal aliado primero le advierte y luego pide que se vaya, la oposición presenta moción de censura, su partido le deja caer para salvar el gobierno, el político finalmente dimite...

A la espera de conocer el desenlace, el guión de la crisis de gobierno en Murcia que se desarrolló entre el 2 de febrero y el 4 de abril de 2017 parece estarse repitiendo un año después en Madrid, con la principal diferencia de que Cristina Cifuentes no está investigada por ningún delito, pero con muchas similitudes en la gestión política del caso.

Dos meses transcurrieron entre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) de investigar al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, por el denominado caso Auditorio (2 de febrero de 2017) y su dimisión (4 de abril de 2017), y en ese tiempo se hicieron muchas declaraciones y se dieron muchos pasos políticos que ahora se están repitiendo casi milimétricamente en Madrid.

El origen de la crisis es distinto, ya que la posible imputación de Sánchez por el caso Auditorio -y posteriormente por el caso Púnica- estaba en el ambiente político desde hacía tiempo, mientras que las presuntas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes se conocieron a través de una información de eldiario.es.

En el caso murciano, Sánchez reaccionó defendiendo su inocencia y el PP también, mientras que la oposición de PSOE y Podemos pedía la dimisión y Ciudadanos consideraba que había que esperar a una imputación formal.

En Madrid, las reacciones de los partidos políticos han sido idénticas, pero los pasos se han dado más rápido:

La oposición tardó cincuenta días en presentar una moción de censura en Murcia, mientras que en Madrid el PSOE la registró el 5 de abril, solo dos semanas después de la primera información de eldiario.es el 21 de marzo.

Si en el caso murciano fueron los plazos judiciales los que iban condicionando el desarrollo de la crisis, en Madrid han sido las sucesivas revelaciones periodísticas y la marcha de la investigación interna en la Universidad Rey Juan Carlos lo que marcaba el paso a los políticos.

Ciudadanos no se pronunció sobre el futuro de Pedro Antonio Sánchez hasta que el 20 de febrero fue citado a declarar como investigado; habían transcurrido dieciocho días desde la primera decisión del TSJM y fue entonces cuando el partido de Albert Rivera pidió la dimisión del presidente murciano.

En Madrid, después de apoyar la convocatoria de un pleno extraordinario de la Asamblea al que Cifuentes acudió para dar explicaciones y negar las irregularidades, Ciudadanos apostó por una comisión de investigación.

El 9 de abril, tras la sucesión de informaciones periodísticas y de testimonios de profesores de la universidad admitiendo irregularidades, Ciudadanos pidió la dimisión de Cifuentes. Igual que en Murcia, habían transcurrido dieciocho días.

Por ahora, el PP mantiene la misma actitud que hace un año: confía en la inocencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, le expresa todo su apoyo, descarta públicamente presentar un candidato alternativo como le pide Ciudadanos, aunque la dirección nacional acaba por encargarse formalmente de negociar con Cs y de tomar la decisión definitiva.

En cuanto a la oposición, salvo el hecho de que la moción de censura se ha presentado con mucha más rapidez, el discurso es el mismo: el PSOE presenta candidato alternativo, Podemos le apoya, y ambos tratan de convencer a Ciudadanos de que no basta con cambiar a la persona que dirige el Gobierno de Madrid sino que hay que evitar que el PP siga gobernando.

Casi todo parece un "remake" acelerado de lo que ocurrió hace poco más de un año en Murcia; aquel caso duró dos meses y en este han transcurrido 21 hasta ahora. Está por ver si el futuro político de Cristina Cifuentes es el mismo que el de Pedro Antonio Sánchez o a alguien se le ocurre un final alternativo.