La Audiencia de Barcelona cree probado que el Palau de la Música sirvió para "enmascarar" el pago de comisiones de hasta el 4% de la constructora Ferrovial a CDC, a cambio de que "altos responsables del partido" no identificados le aseguraran la adjudicación de obras públicas.

La sentencia sostiene que los extesoreros de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar, condenado a cuatro años y cinco meses, se convirtieron en la "clave de bóveda en CDC que permitía el entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública".

Según la Audiencia, el "acuerdo criminal" para el pago de comisiones de Ferrovial a CDC "se mantuvo interrumpidamente desde los años 1999 hasta 2009" y requirió que los extesoreros, "por sí mismos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados", utilizaran su cargo para influir en políticos de la formación que estaban en "la posición administrativa decisoria (a nivel autonómico o local)" para adjudicar obras públicas.