Julián Sánchez Melgar, el magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo propuesto por el Gobierno como nuevo fiscal general del Estado, es un penalista conservador que formó parte de la Sala que admitió la querella por el ''procés'' independentista en Cataluña.

De este modo, Melgar (Palencia, 1955) representa una línea continuista sobre el fallecido José Manuel Maza, su predecesor: respetado experto penalista, conservador, cercano al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y de talante favorable al diálogo y personalidad accesible.

Por si fuera poco, formaba parte, junto a otros cinco magistrados, de la sala que admitió a trámite la querella que el fallecido Fiscal General presentó contra la Mesa del Parlamento de Cataluña.

El magistrado, que tras una serie de recientes jubilaciones era uno de los más veteranos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, tiene en su carrera varios asuntos destacables, entre los que destaca el haber sido ponente de la llamada "Doctrina Parot".

Esa jurisprudencia hizo posible el cumplimiento íntegro de las condenas para miembros de ETA.

Además de ser ponente de la citada doctrina, que tumbó el Tribunal de Estrasburgo tras años de aplicación que mantuvieron en prisión a terroristas y peligrosos criminales, Melgar tiene otros capítulos reseñados, como su voto particular contrario a la llamada Doctrina Botín.

En aquella ocasión votó, junto a otros magistrados de orientación progresista, en contra de la mayoría y, por tanto, del fallo favorable al desaparecido banquero.

En su haber hay otra particularidad: la de ser el magistrado de enlace en el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas es quien ejerce prioritariamente ese trabajo, pero Melgar era su sustituto en caso de ausencia o imposibilidad en la autorización de escuchas del servicio de inteligencia y también de entradas en viviendas.

En ese puesto, el actual fiscal podría haber entendido de asuntos de Estado en los que ahora deberá intervenir como jefe del Ministerio Público.

Es licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario.

Casado y con dos hijos, ingresó en la carrera judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987.

Estuvo destinado en la Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en los juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, y como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Fue presidente de la Audiencia de Ávila con menos de 40 años. Allí permaneció hasta su nombramiento para el alto tribunal por un Consejo General del Poder Judicial del que formaba parte el vocal a propuesta del PP Enrique Arnaldo, quien fue su valedor -según fuentes que también estaban en la institución en aquel momento-. Arnaldo es hoy presidente del Tribunal Administrativo del Deporte.

Es autor de numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y de obras de estudio del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de ser experto en inmunidad parlamentaria.

Desde 1992 está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.