Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte en Latinoamérica del expresidente madrileño Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II, ha pagado hoy la fianza de 100.000 euros que le impuso el viernes el juez del caso Lezo para poder salir de prisión, donde ingresó el 21 de abril.
Fuentes jurídicas han informado de que esta mañana la defensa de Rodríguez Sobrino ha depositado la fianza mediante una transferencia a la cuenta del juzgado de la Audiencia Nacional, por lo que, una vez hechas las comprobaciones pertinentes, el juez Manuel García Castellón dictará el auto de libertad para que sea excarcelado en las próximas horas de la prisión de Estremera (Madrid).
García Castellón acordó la fianza al acceder a la petición que en ese sentido le hizo la defensa de Rodríguez Sobrino y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe solicitando que se mantuviese la prisión provisional y sin fianza para el investigado, según las citadas fuentes.
El juez le ha impuesto una fianza bastante inferior a la que fijó la semana pasada para el que fue su socio Ignacio González, quien salió de prisión el pasado 8 de noviembre tras pagar 400.000 euros con la ayuda de once fiadores.
Con la salida de González de la cárcel el pasado 8 de noviembre, Rodríguez Sobrino se convirtió en el único de los investigados en este caso de corrupción en el Canal de Isabel II que continuaba en prisión preventiva.
Los investigadores le sitúan en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal.
Rodríguez Sobrino, que también fue consejero de La Razón, supuestamente colaboró en 2013 en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio por 20 millones de dólares y guardó el importe de la compra "por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil", según la investigación.
Pese a esa elevada inversión, el patrimonio neto de Emissao al cierre del año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años descendió a 5 millones de dólares.
El pasado julio declaró durante cuatro horas ante el juez García Castellón en un aparente cambio de estrategia en la que parece estar colaborando con la investigación.
En dicha comparecencia, el investigado esclareció temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla, y también aspectos sobre su hija, también imputada en la causa.
Los investigadores han determinado "la existencia de un extenso patrimonio" a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios "de aquellos anómalos negocios".
Esta decisión del juez García Castellón coincide con la de levantar la imputación por blanqueo de manera provisional a Pablo González, padre del expresidente madrileño, al no apreciar que un trasvase de 10.000 euros entre padre e hijo revista indicios de criminalidad.