El Pleno del Senado autorizó ayer al Gobierno a destituir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todos los miembros de su Govern, así como a limitar el Parlament y a asumir el mando de los Mossos al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Una autorización que se produjo 45 minutos después de que el Parlament aprobara, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, una resolución en cuyo preámbulo se declara un "Estado independiente en forma de república" y otra en la que se insta al Govern a dictar todas las decisiones necesarias para hacerlo efectivo.

Con el voto a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, Foro, UPN y CC, las medidas propuestas por el Gobierno fueron aprobadas por mayoría absoluta en la Cámara Alta; Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, EH Bildu y Compromís votaron en contra, mientras que Nueva Canarias se abstuvo. Se ausentaron del hemiciclo durante la votación el expresidente catalán y senador socialista, José Montilla, y su compañero de partido y expresidente balear, Francesc Antich.

El texto definitivo suaviza el inicial aprobado por el Consejo de Ministros el pasado sábado, ya que el PP aceptó dos enmiendas del PSOE, una para modular las medidas, incluso suspenderlas si cesan las circunstancias que las han originado, y otra para renunciar a controlar los medios públicos catalanes, como TV3, que seguirán dependiendo del Parlament. Fue después de una ardua negociación que se prolongó toda la mañana, con el intercambio de varias propuestas de redacción, hasta que el PP aceptó el texto de los socialistas.

Con la autorización del Senado, requisito imprescindible para la aplicación de las medidas, tal y como establece el propio artículo 155, el Gobierno convocó en la tarde de ayer dos reuniones del Consejo de Ministros, una de ellas extraordinaria, para aprobar su aplicación.

Rajoy acudió al Senado para defender el mecanismo "legal y democrático" del 155, frente al que "no hay alternativa" ante la actitud de Puigdemont. Rajoy aseguró que estas medidas son necesarias para impedir que se abuse de Cataluña y explicó que lo que se debatía era si España tiene derecho a defenderse mediante la Constitución y las leyes.

Lo que amenaza a Cataluña, dijo, no es el artículo 155, sino la actitud del Govern, y, por lo tanto, "de lo que hay que salvar a Cataluña no es del "imperialismo español" ni de la aplicación de un artículo constitucional, sino de "los estragos que están causando las conductas anticonstitucionales" de una minoría.

La Físcalía presentará la querella el lunes

La Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar el lunes la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada ayer por el Parlamento catalán. Fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron de ese propósito a la espera de que se concrete el número de personas contra las que se dirige la querella y también la instancia judicial competente para investigarlas. Una vez que la declaración ha sido aprobada por el Parlament, estudia ampliar esa acción penal a "todos" los que han permitido la comisión del presunto delito.

Hasta 25 años de cárcel por un delito de rebelión

La Fiscalía General del Estado ultima su querella por rebelión. Este delito, tipificado en el artículo 472 del Código Penal y siguientes, prevé penas de entre 15 y 25 años de prisión para quienes, "induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión", para "los jefes principales de ésta". La pena más alta, 30 años de cárcel, se plantea a aquellos jefes de rebeliones en las que se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido violencia.

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Puigdemont recibe la república catalana con abrazos

Carles Puigdemont fue abrazado efusivamente tras declarar en el pleno constitutida la república catalaba independiente, lo cual ocurrió también entre los conseller en el hemiciclo del Parlament./ efe