El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció ayer que pedirá al Parlament que celebre un pleno para decidir sobre el "intento de liquidar" el autogobierno catalán, que ha definido como "el peor ataque a las instituciones" democráticas de Cataluña desde los tiempos de Franco.

Desde el Palau de la Generalitat, Puigdemont leyó una declaración institucional en respuesta a las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.

Puigdemont evitó referirse a la "declaración formal de la independencia" que, en su última carta a Rajoy, anunció que podría votar el Parlament si se rechazaba abrir un diálogo, pero sí ha hecho un llamamiento a la cámara catalana a decidir los próximos pasos a dar.

El presidente de la Generalitat dijo ser "consciente" de la "amenaza que pesa sobre todo el pueblo de Cataluña si el Estado perpetra su propósito liquidador".

"Nos hemos de conjurar para volver a defender nuestras instituciones como hemos hecho siempre, de manera pacífica y civilizada, pero cargados de dignidad y de razones", señaló.

Po ello, anunció: "Pediré al Parlament que fije la convocatoria de una sesión plenaria donde los representantes de la soberanía ciudadana, los escogidos por los votos de los ciudadanos, debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia y actuemos en consecuencia".

Según Puigdemont, "la humillación que pretende el Gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana, desde el Govern hasta los medios de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del estado de derecho", porque implica "una forma de gobierno no escogida por los ciudadanos y sin una mayoría parlamentaria que lo avale".

Tildó a Rajoy de "caudillo" cuando recordó que lideró una "infame recogida de firmas contra Cataluña" en pleno debate sobre el Estatut de 2006, que acabó siendo recortado con una "vergonzosa sentencia del Tribunal Constitucional".

"Sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso y en contra de la voluntad de la mayoría, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere nombrar un directorio para que teledirija desde Madrid la vida de Cataluña", denunció Puigdemont, quien lamentó que todas sus propuestas de "diálogo" dirigidas al Estado han tenido "el silencio o la represión" como respuesta.

Hoy (por ayer), agregó, el Gobierno central, con el "apoyo" de socialistas y Ciudadanos, ha dado un "portazo al clamor" por el diálogo y ha "emprendido el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador Francisco Franco aboliendo la Generalitat".

Para Puigdemont, el Gobierno de Rajoy, "menospreciando la voluntad popular" expresada en las elecciones catalanas de 2015, se ha "autoproclamado de manera ilegítima el representante de la voluntad de los catalanes".

También utilizó el castellano para dirigir un "mensaje a los demócratas españoles", a quienes advirtió de que "lo que se está haciendo con Cataluña es un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no sólo en Cataluña". "Criminalizar al disidente, negar la realidad y alzar muros de legalidades ante las ventanas de la voluntad ciudadana".

Miles de voces contra la aplicación del 155

Miles de personas, con el presidente de la Generalitat y el Govern al frente, se manifestaron en la tarde de ayer en el centro de Barcelona en contra de la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 en Cataluña y para pedir la libertad de los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Unas 450.000 personas, según ha cifrado la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona, se manifestaron a lo largo del paseo de Gràcia y la calle Aragó con gritos de "independencia" y "libertad", en una concentración convocada por la Mesa por la Democracia, de la que forman parte la ANC y Òmnium, así como también organizaciones sindicales.

La protesta discurrió sin incidentes y bajo el lema "Libertad Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En defensa de los derechos y las libertades", y se celebró pocas horas después de que el Gobierno hubiera anunciado su propuesta de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que implicará, entro otras medidas, el cese del president Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras y del Govern en pleno, con un horizonte electoral en Cataluña de máximo seis meses.