El Gobierno negocia con PSOE y Cs las medidas que aprobará el sábado para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155, por entender que el presidente catalán, Carles Puigdemont, no ha respondido a su requerimiento e incluso ha amenazado con votar la declaración de independencia en el Parlament.

Será en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a la que se llevarán las medidas que se están consensuando con el PSOE y con Ciudadanos.

Pocos minutos antes de las diez de la mañana de ayer, cuando expiraba el plazo, llegó a Moncloa la carta de Puigdemont, en la que avisa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que, si "persiste en impedir el diálogo y continuar la represión", el Parlament votará una declaración formal de independencia "si lo estima oportuno".

En su misiva, Puigdemont señala que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament "no votó" ninguna declaración de independencia y recalca que su "suspensión continúa vigente".

Suspensión que hizo, argumenta, para propiciar el "diálogo" que, según dice, les han reclamado tanto a él como a Rajoy "instituciones y dirigentes políticos y sociales de toda Europa y del resto del mundo".

Una carta que no ha satisfecho al Gobierno, que "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña" y "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña".

El Gobierno constata en un comunicado que los responsables de la Generalitat buscan, "deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña".

Ante ello, dice que pondrá "todos los medios" a su alcance "para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña".

Diálogo al que ha apelado igualmente el líder del PSC, Miquel Iceta, quien, para evitar el "desastre" en Cataluña, ha abogado por aplicar el 155 en un plazo corto de tiempo y convocar elecciones "en breve".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por su parte, ha sostenido que España "no puede aceptar chantajes" de nadie y ha insistido en su tesis de que el artículo 155 debe servir para convocar cuanto antes elecciones anticipadas en Cataluña.

Sin embargo, fuentes del PP han admitido que no ven claro una convocatoria electoral inmediata.

Ante los medios, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha avisado a Puigdemont de que el Estado de derecho y el Gobierno no admiten ni "amenazas" ni "chantajes" y ha hecho hincapié en que este "desafío mayúsculo a la democracia" tiene que tener "la respuesta firme y desde la unidad de todos los partidos constitucionales".

Su compañero de filas Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, ha tachado a Puigdemont de "líder zombi" que "ha volado todos los puentes" y cuyo único objetivo es causar el mayor daño posible a Cataluña y a sus instituciones, en una situación que roza la "tragicomedia".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apelado a la "sensatez" y al "diálogo" y ha pedido acabar con la "dinámica de cartas" entre Rajoy y Puigdemont, que no aportan "ninguna solución" y sólo echan más "leña al fuego" con amenazas de aplicar el artículo 155 o de declarar la independencia.

Joan Tardá (ERC) y Carles Campuzano (PDeCAT) han coincidido en avisar del "mal" escenario que para ellos supone entrar en el 155 y han descartado que el presidente catalán convoque elecciones.

Más expeditivos han sido la CUP y entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, que se han reafirmado en su idea de que se proclame la "república" catalana "cuanto antes".

En el plano judicial y policial, la Guardia Civil acudió ayer a la comisaría de los Mossos en Lleida con una orden judicial para acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la Policía catalana durante el 1-O y el volcado del contenido de los móviles de dos de sus mandos.

La Guardia Civil detuvo ayer a un joven de 22 años, aspirante a los Mossos d''Esquadra, acusado de propinar una patada en la cabeza a un agente cuando estaban arrestando a un amigo suyo durante el dispositivo policial en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) para impedir el referéndum.