La exconsejera de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla María Antonia Garbín ha sido condenada a 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de este cargo público al ser considerada como autora de un delito continuado de prevaricación administrativa.
La sentencia del denominado caso Abogados, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla, a la que ha tenido acceso Efe, también condena al resto de los 13 acusados como cooperadores necesarios o cómplices de un delito continuado de prevaricación administrativa a distintas penas de inhabilitación especial.
El resto de condenados son ocho funcionarios de la Consejería de Bienestar Social, que desempeñaban altos cargos como directores generales o secretarios técnicos, así como cuatro abogados que fueron contratados por este departamento.
En el juicio, que comenzó el 12 de junio en el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla, la Fiscalía y la acusación popular acusaron a los procesados de realizar 91 contratos menores, de entre cuatro y seis meses, para que los abogados trabajaran para la Consejería sin necesidad de tener que convocar públicamente sus plazas.
Tras esta sentencia, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y su vicepresidente primero y consejero de Administraciones Públicas, Daniel Conesa, han expresado su "estupefacción" en las redes sociales.
"Increíble", ha apuntado Imbroda en su perfil de Twitter, mientras que Conesa ha hecho lo propio en el suyo haciendo constar su "total desacuerdo" con la sentencia, aunque "con el respeto debido", al tiempo que ha expresado su "apoyo y confianza absoluta en la inocencia de los afectados".