Todos los sindicatos policiales con representación en el Consejo de la Policía Nacional han registrado este viernes un escrito en el Tribunal Constitucional (TC) en el que piden que se cite con urgencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente Oriol Junqueras y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para evitar el "riesgo de crear un conflicto social irreversible" con la declaración unilateral de independencia (DUI).
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, reclama que se les advierta en sede judicial de la "necesidad de que adopten todas las acciones necesarias para evitar la celebración del pleno, absteniéndose de asistir al mismo y de informar a todos y cada uno de los miembros del Parlamento de que igualmente se abstengan de asistir, todo ello sin perjuicio de que si el TC observara una actitud rebelde pueda acordar cualquier medida coercitiva, incluida la de privación de la libertad".
Los servicios jurídicos de los sindicatos policiales reclaman que estas medidas, incluyendo la "suspensión de funciones de los responsables de la situación actual a criterio del tribunal", afecten a Puigdemont, Junqueras y Forcadell, pero también al resto de miembros de la Mesa del Parlament y al millar de cargos políticos apercibidos por el TC con anterioridad, de los que unos sesenta son altos mandatarios de la Generalitat y 947 alcaldes de Cataluña.
La intención de los sindicatos es que de acuerdo a la Ley de Reforma del Constitucional de 2015 se haga efectiva la orden de impedir la celebración de un pleno en el Parlament en el que se pueda realizar la declaración unilateral de independencia, "corriendo el riesgo de crear un conflicto social irreversible". "Sólo una manifiesta ingenuidad", advierten, "puede dar crédito a que esta vez sí van a cumplir lo que ordena el Alto Tribunal".
Por este motivo, además de la citación en sede judicial, se reclama al Constitucional que "acuerde la suspensión de funciones de los responsables de la situación actual a criterio del tribunal y durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal".
ENCOMIENDA AL GOBIERNO DE LA NACIÓN
Los sindicatos apelan además a la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre de la Reforma del Tribunal Constitucional, para que "se encomiende al Gobierno de la Nación la ejecución de todos los actos necesarios para impedir la celebración del pleno" y, de esta forma, "evitar por todos los medios la celebración de manifestaciones, altercados o desórdenes públicos".
SUP, CEP, UFP, SPP y ASP recuerdan, como representantes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su obligación de colaborar con la Justicia y auxiliarla "ante los gravísimos acontecimientos que se vienen desarrollando en Cataluña", en lo que califican como "flagrante quiebra de lo establecido en la Carta Magna".
Por eso solicitan "pasar de las palabras a los hechos", una vez constatado que tanto el Gobierno de Puigdemont como la presidencia de la Mesa del Parlament "exhiben una actitud intolerable de permanente ilegalidad, por lo que sólo una manifiesta ingenuidad puede dar crédito a que esta vez sí van a cumplir lo que ordena el Alto Tribunal".
El escrito remitido al presidente del Tribunal Constitucional lo firman Mónica Gracia (SUP), Antonio Labrado (CEP), Víctor Manuel Duque (UFP), José Antonio Calleja (SPP) y Gabriel Retamar (ASP).