CaixaBank prevé convocar mañana un consejo de administración extraordinario para debatir el traslado de su sede social fuera de Cataluña, según han confirmado hoy a Efe fuentes financieras.

Este cambio sería posible gracias a una modificación legal que prepara el Gobierno y que le permitiría realizar este trámite sin que la entidad someta esta decisión a aprobación de la junta de accionistas.

En este sentido, el Gobierno aprobará previsiblemente mañana un decreto ley que permitirá a las empresas acordar el cambio de sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría la salida de Cataluña a las compañías que así lo dispongan, según han confirmado hoy a Efe fuentes empresariales

La celebración de este consejo se produce después de que Banco Sabadell haya acordado hoy cambiar su domicilio social de Sabadell (Barcelona) a Alicante ante la posibilidad de que en los próximos días el Parlament de Cataluña haga una declaración unilateral de independencia.

Entre las ubicaciones que se barajan para que el banco que preside Jordi Gual ubique su sede social y pague allí el impuesto de sociedades, entre otros gravámenes, ha cobrado fuerza en las últimas horas la opción de Baleares, según apuntan varias informaciones periodísticas.

El Banco Sabadell puede trasladar su sede sin necesidad de someter el acuerdo a la junta de accionistas, ya que así lo contemplan sus estatutos, que requieren únicamente la decisión del consejo para hacer efectivo el cambio.

Sin embargo, los estatutos de CaixaBank prevén que una decisión de este tipo requiera también la aprobación de la junta de accionistas, por lo que el decreto-ley que podría anunciar mañana el Gobierno abriría la puerta a este cambio de sede social.

Un portavoz oficial de CaixaBank ha afirmado hoy que la entidad adoptará las "decisiones necesarias, en el momento oportuno, siempre con el objetivo de hacer prevalecer los intereses de los clientes, accionistas y empleados".

Con un cambio de sede social el banco catalán garantizaría que, ante cualquier eventualidad política, seguirá bajo el auspicio del Banco Central Europeo (BCE), garantizando así los intereses de clientes, empleados y accionistas.

Esta semana, en una nota interna remitida a sus empleados, el banco explicaba que "es importante comunicar proactivamente" a sus clientes su compromiso en la defensa de sus intereses, que "guiará las decisiones futuras que, en caso de ser necesario, hayan de tomarse".