El vicepresidente primero del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha denunciado hoy ante la Comisión Europea que la Generalitat de Cataluña está utilizando a menores con fines políticos, en el contexto del referéndum ilegal de independencia convocado para este domingo.

Tras indicar que también denunciará este asunto ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, González Pons indica en un comunicado que ha enviado una pregunta escrita a la Comisión para saber si considera que el uso de menores con fines políticos es compatible con la protección de los derechos del niño y del interés superior del menor.

El portavoz del PP se ha referido así a la situación creada en Cataluña ante el llamamiento realizado por distintas organizaciones pro-independentistas a los alumnos de institutos y universidades a no asistir a las clases para participar en las manifestaciones a favor de la consulta.

En la misiva, el eurodiputado popular también explica que en algunos colegios de Cataluña se ha instruido a menores "en el odio y la intolerancia hacia el diferente por hablar una lengua distinta" al catalán, como se ha visto en diversos vídeos difundidos en redes sociales y en los que puede verse a niños menores de doce años recitando frases ofensivas.

Este hecho ha sido calificado por González Pons como "una grave violación de los derechos de los menores y una falta de ética total por parte de los adultos que lo han promovido".

En este contexto, ha preguntado al Ejecutivo de la UE si considera que esto es compatible o no "con el derecho del menor a ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad".

Por su parte, el eurodiputado popular Santiago Fisas ha remitido una carta a los miembros del Parlamento Europeo en la que afirma que "el Estado español está actuando con firmeza y proporcionalidad estos días para impedir que este golpe de Estado, contrario al Estatuto de Cataluña, a la Constitución, al Derecho Comunitario y al Derecho Internacional tenga lugar", con referencia al referéndum.

"Os puedo asegurar que la actuación del Estado a través de los tribunales, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad está enmarcado dentro de la legalidad constitucional y está encaminada a hacer cumplir el Estado de Derecho", indica Fisas en su carta.

La vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la eurodiputada Beatriz Becerra (independiente integrada en ALDE) ha denunciado la actuación de la fundación Centro Maurits Coppieters, que acaba de premiar a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.

Becerra critica que ese centro "esté centrando su actividad en promover el referéndum convocado por el Gobierno autonómico catalán, que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal", lo que sería contrario a la normativa y agrega que "se financia casi exclusivamente con fondos comunitarios, lo que exige que sus objetivos sean acordes con la libertad ideológica reconocida en la legislación comunitaria".