El gobierno catalán amañó contratos de obra pública por valor de unos 500 millones de euros en el período 2011-2015, cuando estaba presidido por Artur Mas, según publica hoy El Español, que ha accedido a cientos de miles de documentos internos del Govern de esa época.

Según este medio digital, que se refiere a esta filtración de documentos como "CatLeaks", la Generalitat "creó una red" para que esos contratos fueron repartidos a empresas afines a CiU que financiaron después a Convergència con fuertes cantidades de dinero.

Parte de esos contratos, según los documentos a los que ha accedido El Español, fueron manipulados tras la intercesión directa de altos cargos y miembros del ejecutivo catalán, "con el exconseller de Justicia Germà Gordó como correa de transmisión y con el tesorero de Convergència Andreu Viloca a la cabeza".

Para ello, tras llegar a la presidencia de la Generalitat en 2011, Artur Mas y sus altos cargos habrían creado un sistema opaco capaz de burlar todos los controles administrativos y entregar a dedo obras millonarias en un momento delicado para las arcas de la administración catalana.

Según esta información, las empresas públicas de la Generalitat utilizaron una oficina de colocación para militantes de Convergència, y cuando estalló el escándalo del 3 %, altos cargos del ejecutivo catalán intentaron ocultar informes internos sobre el caso.

En mayo de 2012, la empresa pública Gerencia de Infraestructuras (GISA) se fusionó con otras dos entidades públicas para dar paso a Infraestructures, que centralizó la licitación pública en Cataluña mediante un sistema que facilitaba los amaños y llegando a multiplicar por cinco el volumen de las licitaciones.

Así, el volumen de contratos licitados por Gisa primero e Infraestructures después fue de 31,8 millones en 2011; 66 millones en 2012; 98 millones en 2013; 157,9 millones en 2014 y 176,6 millones en 2015.

Dentro de esta red, el papel de Germà Gordó, como hombre fuerte del gobierno catalán, era el de señalar a determinados empresarios para que fueran recibidos mientras controlaba un ranking con las empresas que más dinero y contratos se habían llevado de la administración catalana.

Las primeras compañías de ese ranking eran habitualmente Emte o Copisa, dos firmas investigadas desde 2015 en la trama del 3 %.