El Ayuntamiento de Madrid ha recurrido hoy ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la resolución por la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública exigió reservar 238 millones de euros del presupuesto de este año por el incumplimiento de la regla de gasto en 2016, alegando "indefensión jurídica".
La portavoz municipal, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha informado hoy a los periodistas de la presentación de este recurso contencioso-administrativo en el que el Ayuntamiento pide "medidas cautelares" para evitar la inmovilización del dinero ya presupuestado.
Pese a esta petición, el Pleno municipal del pasado abril ya acordó la retención de 104 millones de euros procedentes sobre todo de inversiones, y el equipo de Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) pretende convocar un Pleno extraordinario este mismo miércoles para inmovilizar los 134 millones restantes.
"Creemos que el cálculo que ha hecho el Ministerio no es justo para la ciudad de Madrid y lo que estamos defendiendo es que existen otras interpretaciones; hasta que no se aclare la fórmula de cálculo hemos pedido medidas cautelares", ha dicho Rita Maestre.
No obstante, ha recalcado que el Consistorio cumplirá con la legalidad aunque la cuestione.
La Junta de Gobierno de Madrid acordó la presentación de este recurso el pasado 28 de abril, un día después de aprobar en el Pleno sin el apoyo del resto de grupos la reserva de 104 millones para acatar la primera parte de la exigencia del ministro Cristóbal Montoro.
El Ayuntamiento de Madrid es el primero en llevar a los tribunales la denegación de un plan económico financiero, ya que, según fuentes municipales, no hay constancia de que se haya rechazado previamente un plan a ninguna otra corporación local.
Madrid incumplió en 2016 la regla de gasto en 233 millones -aunque según las cuentas del Gobierno municipal hubiese acatado la norma de no tener que costear competencias impropias- por lo que estaba obligado por la ley de estabilidad presupuestaria a aprobar un plan para mostrar su solvencia que el Ministerio ha rechazado.
Y al rechazarlo, el departamento estatal requirió al Ayuntamiento retirar de sus cuentas en un plazo de 15 días los 234 millones de euros, si bien tras pedirlo la alcaldesa, Manuela Carmena, se amplió este periodo a dos meses.
"La presentación del recurso lo que indica es que hay motivos legales más que suficientes para discutir esa ley", ha dicho por su parte el delegado Carlos Sánchez Mato, que se ha mostrado optimista con la posibilidad de que el TSJ resuelva a favor del Ayuntamiento y ha insistido en que su equipo no va a acometer "recortes" pese a la petición de Hacienda.
"Lo que pedimos es que el Ministerio nos deje prestar los servicios que la ciudadanía nos exige", ha puntualizado Maestre.
En su recurso, el Ayuntamiento cuestiona el régimen jurídico de la regla de gasto y del PEF y señala, entre otros aspectos, que el Ministerio no ha tenido en cuenta el volumen de ingresos de Madrid, 474 millones superior a los gastos, además de alegar que ha habido discriminación y desigualdad de trato con respecto a otros municipios.