Los tres fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que han estado presentes en el Consejo celebrado entre este miércoles y jueves, han planteado al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la "conveniencia" de apartar al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, ante su "apariencia de parcialidad" y al entender que el trato dado a algunos de los representantes del Ministerio Público en la ''Operación Lezo'' reflejan un concepto de jefatura que no solo no comparten sino que rechazan. Por contra, los nueve miembros restantes del Consejo Fiscal han votado en contra de esta propuesta.

Los vocales electos Eduardo Esteban Rincón, fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; Sofía Puente, fiscal de la Fiscalía Provincial de Palencia; y Fernando Rodríguez, fiscal de la Fiscalía provincial de Barcelona, suscriben en un comunicado que, tras debatir en el Consejo sobre la situación de la Fiscalía Anticorrupción, convienen necesario apartar a Moix, que llegó al cargo hace poco más de dos meses en tanto sus decisiones han sido "totalmente desafortunadas e incomprensibles".

En la nota, los vocales también denuncian que, hasta la fecha, Maza "ha evidenciado no saber gestionar la compleja y delicada coyuntura" de los actuales acontecimientos y añaden que "su inexperiencia y falta de conocimiento de la Carrera Fiscal" les distancia de la confianza de los ciudadanos. Por ello entienden que "el clima de sospecha generalizada sobre la independencia y autonomía de los fiscales" exige una acción "inmediata, contundente y firme".

PIDEN A MAZA QUE DÉ EXPLICACIONES

Al respecto solicitan al fiscal general del Estado que dé explicaciones tanto a la opinión pública como al conjunto de los fiscales que asisten "atónitos a un serial informativo que desprestigia" su labor. "Ahora ya no solo exigimos explicaciones, sino que demandamos decisiones, hechos y resoluciones que visualicen esa autonomía y ayuden a recuperar nuestra credibilidad perdida ante la ciudadanía", añaden.

Los vocales recuerdan que ya expresaron su opinión sobre la falta de idoneidad de Moix para ejercer la jefatura en el anterior Consejo celebrado el 22 de febrero, al afirmar que le era "del todo ajena", y han precisado que no pueden ignorar las conversaciones telefónicas hechas públicas (en referencia a las mantenidas entre el exministro Eduardo Zaplana y el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en las que el primero tranquilizaba al segundo por el nombramiento de Moix).

"Las conversaciones (telefónicas) dañan la credibilidad del Fiscal Jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad", reza la nota que añade que la confianza que los ciudadanos deben tener en el Ministerio Público como órgano que busca cumplir y hacer cumplir la ley, "se ha visto seriamente comprometida ante buena parte de los ciudadanos".

El Consejo Fiscal decidió aplazar hasta hoy el debate sobre las polémica decisiones adoptadas por Moix y que han originado discrepancias en el seno de este departamento en relación con la ''Operación Lezo'' y el relevo de los fiscales del caso ''tres por ciento'' por las comisiones ilegales de la antigua Convergència Democrática de Catalunya (CDC), según fuentes fiscales.

CREDIBILIDAD "SERIAMENTE COMPROMETIDA"

En el encuentro se ha analizado la propuesta de Moix de sustituir a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo del caso relacionado con la financiación ilegal de CDC por otros dos fiscales con despachos en Barcelona, Fernando Maldonado --que lleva también los casos Caixa Catalunya e ITV-- y Teresa Duerto. Esta última es la que sustituyó en su día a Bermejo cuando éste fue trasladado a la sede de la Fiscalía en Madrid.

"La confianza que los ciudadanos deben tener en que desde el Ministerio Fiscal no se busca otro fin que no sea cumplir y hacer cumplir la ley y perseguir el delito y a quienes lo cometen pasa inexorablemente por la remoción de Moix cuya credibilidad y por ende de la Fiscalía Anticorrupción se ha visto seriamente comprometida ante buena parte de los ciudadanos", matizan en el comunicado.

La UPF recuerda que, pese a la percepción que se ha podido transmitir de un Ministerio Público plegado al servicio de intereses políticos, respalda la independencia del mismo aunque advierte de que el actual Estatuto del Ministerio Fiscal es "claramente mejorable y necesitado de reforma", especialmente en lo relativo a la autonomía de los fiscales para evitar ingerencias externas.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA NO ES IMPOSICIÓN

La UPF advierte de que la "tensa situación" generada por Moix con los demás integrantes de la Fiscalía pone en duda su idoneidad para el cargo, y recuerda que el principio de dependencia jerárquica por el que se rige el Ministerio Fiscal no debe ser concebido como fundamento para la imposición de criterios individuales o particulares, sino que tiene por misión mantener la unidad de actuación de la Fiscalía y corregir posibles errores o excesos.

En concreto se refieren a la polémica surgida entre el fiscal de la ''Operación Lezo'' Carlos Iáñez y Moix en relación a determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) --filial del Canal de Isabel II--. Su criterio se vio respaldado de forma mayoritaria por el resto de sus compañeros y por ello finalmente el fiscal Anticorrupción cedió ante su postura.

"Nos hallamos ante un cuestionamiento de la motivación de los nombramientos habidos en los más altos cargos de nuestra carrera, así como del funcionamiento de una de las piezas claves de nuestra institución como es la Fiscalía Anticorrupción,y en definitiva, se está poniendo en tela de juicio la autonomía de la institución. En esta situación no se puede mirar a otro lado y eludir la realidad del problema", precisan los fiscales de la UPF.