El Pleno del Congreso, con la abstención del PP, ha apoyado pedir al Gobierno la tramitación de un proyecto de ley que regule los derechos de las personas LGTBI y un Proyecto de Ley integral para las personas transexuales que no vulneren las competencias de las comunidades autónomas.

La iniciativa, consecuencia de una interpelación a la Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, apunta que estos proyectos de ley se trabajarán en coordinación con los colectivos de defensa de los derechos LGTBI y prestarán especial atención a los derechos de las mujeres de este colectivo.

El hecho de que se pidan dos textos diferenciados se debe, según ha señalado la defensora de la propuesta, la diputada de En Comú Podem Mar García Puig, a una petición específica del colectivo transexual que busca que su voz sea escuchada tras las décadas de represión y discriminación que ha vivido por parte de la legislación y de la sociedad.

Por este motivo, la moción pide también tener en cuenta la formación y educación de la ciudadanía, así como la elaboración de protocolos específicos de actuación en el ámbito laboral, administrativo, sanitario y de sensibilización, "que aborden el problema de forma estructural con el fin de garantizar el respeto de una sociedad basada en la diversidad sexual y de género".

NUEVO ENFOQUE DE LA SALUD

Del mismo modo, se busca "establecer un nuevo enfoque de la salud con perspectiva de género que tenga en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI de forma específica, y que establezca un modelo de salud transexual despatologizador"; que se garantice la no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género en el acceso al empleo; así como el impulso de una formación permanente de las personas profesionales que intervienen, entre otros ámbitos, en el sistema judicial, el sistema educativo, el de salud o la administraciones públicas, entre otras medidas.

La moción incluye un último punto por el que se insiste en que el Gobierno inicie los trámites necesarios para la revocación de la declaración de utilidad pública de la Asociación Hazteoir.org, alegando que sus actuaciones "promueven el odio, la intolerancia y la discriminación contra las personas LGTBI".