La representante de una empresa transportista de material para la consulta del 9N, Cristina Fernández, ha afirmado en juicio que entregó las urnas y material gráfico el 7 y el 8 de noviembre de 2014, es decir, después de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiese el día 4 la consulta sobre la independencia.
En su declaración este miércoles en el juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, la testigo ha explicado, a preguntas del fiscal, que nadie contactó con ellos para decirles que paralizasen el transporte tras el veto del TC.
Fernández ha relatado que el Centro de Iniciativas para la Reinserción (Cire) --dependiente de la Conselleria de Justicia-- les contrató el 28 de octubre para distribuir este material, y que lo recogieron dos días después en los centros que el Cire tiene en la cárcel de Ponent y en Raïmat (Lleida).
El material lo recogieron en el Cire mayoritariamente el día 30 y llenaron dos trailers: uno con destino a Barcelona y otro que debía hacer dos paradas, una en Girona y otra en Tremp (Girona), ha relatado.
Ha añadido que ellos pasaron la factura por los trabajos, cobraron normalmente, y que con quien mantuvieron contacto siempre fue con el Cire --empresa dependiente de Justicia que los contrató-- y no con la Conselleria de Gobernación, el departamento que encabezó la organización de la consulta.
Este testimonio, solicitado por la acusación popular, se suma a los representantes de empresas contratistas que declararon el martes y que coincidieron en que continuaron los trabajos para el 9N después de la suspensión ya que nadie del Govern les instó a detenerlos.
El fiscal y la acusación quieren demostrar que el Govern continuó tutelando la organización de la consulta tras el veto del TC, aunque Mas, Ortega y Rigau defienden que después de la suspensión dejaron el proceso participativo en manos de los voluntarios.