Un inspector jefe de los servicios territoriales de Barcelona indicó en una reunión a los inspectores que se "abstuvieran" de intervenir en relación con la cesión de institutos para la votación del 9N, según ha explicado hoy en su declaración como testigo uno de los asistentes a ese encuentro.

En la segunda jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por el 9N, ha declarado hoy como testigo Jesús Rul, inspector de Educación que tiene bajo su responsabilidad varios centros de la provincia de Barcelona.

Según ha explicado Rul en su declaración, el 21 de octubre de 2014, días antes de que se celebrara el 9N, tuvo lugar una reunión de la Inspección Territorial del Departamento de Educación de Barcelona y Comarcas en la que el inspector jefe indicó a sus subalternos que se "abstuvieran de intervenir" en relación con el 9N.

Pese a las indicaciones que recibió de su superior -Francesc Güell, que también está previsto que declare hoy-, Rul decidió enviar una carta con fecha de 28 de octubre a los directores de instituto de su demarcación para "asesorarles" sobre el uso de los institutos en la jornada de votación del 9N y aconsejarles que pidieran las instrucciones por escrito.

"El escrito lo hice de oficio, fue una decisión personal de asesoramiento, de supervisión de las funciones que tengo asignadas", ha afirmado el inspector de Educación.

El inspector ha confesado que sintió "preocupación" ante los preparativos para celebrar el 9N, porque en esta ocasión la administración estaba funcionando con un procedimiento "muy atípico" respecto a lo que es habitual.

Según el testigo, en relación con la consulta "había un interés en que los inspectores colaboraran con lo que decían sus superiores jerárquicos", de forma que facilitaran la entrega de las llaves de los institutos que debían acoger las urnas: "buscaban colaboracionismo", ha añadido.

Seis meses después de la consulta independentista, y tras "meditarlo" en profundidad, el testigo se reunió con Caridad Ramos, responsable de la Alta Inspección de Educación dependiente del Ministerio, por considerar que como funcionario tenía la obligación de poner en su conocimiento las indicaciones que los directores había recibido.

"¿Qué perseguía con eso?", ha preguntado Jordi Pina, abogado de la exconsellera Irene Rigau, a lo que el testigo ha contestado: "muy simple, colaborar con la justicia".

Según el testigo, directores de centros educativos de su responsabilidad le manifestaron su "inquietud" por el hecho de que Educaciones les pidiera de forma exclusivamente "verbal" que cedieran los institutos como sedes de la votación, porque esa "forma de proceder no era la habitual".

Ante esa "inquietud", el inspector ha precisado que indicó a los directores de institutos que pidieran "por escrito" las indicaciones para ceder los centros.