La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, ha presentado este lunes un Plan Estratégico de este colectivo para los próximos cuatro años dirigido a mejorar la justicia y terminar con situaciones como la del alto porcentaje de sentencias firmes sin ejecutar en los ámbitos civil y procesal, que es actualmente del 38 por ciento. Otra de los objetivos pasa por revisar el criterio de condena en costas de modo que no disuada a los ciudadanos de acudir a los tribunales.
Durante la presentación de este Plan en rueda de prensa Ortega se ha referido, como primer eje de este Plan, a la participación activa de la Abogacía en un Pacto de Estado para la Justicia mediante un documento de 34 puntos que este colectivo ya ha presentado tanto al ministerio de Justicia como a los partidos políticos y asociaciones judiciales.
Según la presidenta de la Abogacía hay un acuerdo casi unánime en el diagnóstico sobre la situación de la Justicia y de forma casi mayoritaria en las medidas a adoptar. "Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico y de forma casi mayoritaria en las medidas a adoptar y por ello es importante llegar a ese Pacto con el fin de que el ciudadano recupere la confianza perdida en la Administración de Justicia", ha destacado.
Entre sus propuestas, ha destacado que es imprescindible que las resoluciones judiciales sean más comprensibles en su lenguaje para el ciudadano, puesto que se habla de su libertad, su patrimonio o su dignidad y éste tiene que entenderlas.
Ha añadido que "tampoco puede ser" que las sentencias firmen sin ejecutar ahora mismo sean del 38 por ciento en civil y en contencioso-administrativo y que es necesario asimismo avanzar en la formación conjunta de los abogados con jueces, fiscales y letrados de la Administración -antiguos secretarios judiciales. El CGAE espera tener una participación amplia en en la Subcomisión del Congreso creada recientemente para trabajar en dicho pacto.
REGULAR LA PUBLICIDAD DE ABOGADOS
Los abogados también quieren implantar un sistema regulador de la publicidad que preserve la normativa legal y no comprometa la dignidad de la profesión, tras haber observado campañas de algunos bufetes que se encontrarían "al límite" de esta norma y haber recibido quejas de ciudadanos.
Por otra parte, proponen revisar el criterio de la condena en costas para que la imposición del pago a la parte que pierde el litigio -tiene que abonar sus gastos de defensa y los de la parte contraria- no suponga una limitación al acceso a la tutela judicial efectiva. La Abogacía propone que pague únicamente el que abuse o emprenda litigios de manera temeraria.
Otro de los ejes del Plan Estratégico, que cubre el periodo entre 2017 y 2020 e incluye un total de 163 medidas, pasaría por la creación de una Comisión Nacional de Calidad de la Justicia que audite las mejoras que se vayan produciendo y el establecimiento de especialidades es la profesión de abogado para responder a la creciente complejidad social que incide en el ordenamiento jurídico.
Proponen asimismo la creación de un Consejo Deontológico Asesor , de carácter consultivo, que sirva para escuchar a la sociedad sobre todo a consumidores y usuarios- en los temas relativos a la actuación de los abogados. Otro de los puntos pasan por mejorar el acceso a la profesión, ya que el actual sistema de máster y prueba de acceso es "francamente mejorable", según Ortega.
ABOGACÍA PREVENTIVA
Los abogados también quieren avanzar en aspectos de Abogacía Preventiva, mediante el impulso de los sistemas de resolución de conflictos alternativas como la mediación y el arbitraje, un punto al que según les consta en el CGAE no les cuesta entrar a los abogados sino al ciudadano, quizá porque se trata de "una cuestión cultural que llevará un tiempo" según Ortega.
También pretende la Abogacía mediante su plan estratégico mejorar la normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita -la norma que la regula ya ha cumplido 20 años- con la finalidad de implicar la actualización de los baremos en todo el Estado y asegurar la prontitud en el pago. Creen necesaria asimismo una regulación en el ámbito territorial para evitar situaciones como la reciente del abogado canario que fue designado a un caso en Aragón.
Los abogados no renuncian tampoco a su petición de suprimir las tasas que aún persisten para Pymes y ONGs y quieren igualmente un avance en la total integración del uso de lexnet y el expediente digital. "Al principio hubo resistencia a Lexnet pero superada aquella etapa ahora exigimos que se siga adelante y se dote de los suficientes medios", ha concluido Ortega.