La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado hoy a la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían, la demanda de las administraciones locales para que el Gobierno se implique en la regulación del alquiler de viviendas de uso turístico para que haya una "normal a nivel nacional" que regule esta actividad.

La Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares, al vincular la regulación de este tipo de alojamientos a la legislación turística de las comunidades autónomas, dejando ésta en manos de las CC.AA. Ahora bien, en caso de no existir dicha normativa, se les aplica el régimen de los arrendamientos de temporada.

El presidente de la Comisión de Turismo de la FEMP y alcalde de Palma, José Hila, junto con el secretario general de esta federación, Juan Ávila, han mantenido este jueves una reunión con la secretaria de Estado de Turismo con el fin de estudiar estrategias conjuntas y definir la colaboración entre ambas instituciones, además de la cuestión del alquiler de pisos turísticos.

Durante el encuentro, la FEMP ha solicitado a la responsable de Turismo que se elabore un estudio sobre la situación actual del alquiler de vivienda de uso turístico en España --algunos Ayuntamientos ya están elaborando censos-- y que el Gobierno central se implique en la regulación de este tipo de actividad.

Las entidades locales consideran "necesaria" una regulación a nivel nacional ya que esta cuestión está afectando a la seguridad de los municipios y es pertinente un registro de personas alojadas, al igual que ocurre en la oferta reglada de mercado, señala la FEMP en un comunicado. Asimismo, reclaman un control fiscal, dado que el alquiler de estos pisos no tributa como una actividad económica.

La FEMP ha constituido un grupo de trabajo, en el que está previsto que participe la Secretaría de Estado de Turismo, para analizar las implicaciones que tiene este modelo para los Ayuntamientos, dependiendo de la tipología de municipios, el alquiler de viviendas de uso turístico y los intereses afectados por esta actividad en el territorio.

El alcalde de Palma, José Hila, ha hecho hincapié en la importancia de reformar impuestos municipales para que los Ayuntamientos tengan mejor financiación y que, en el caso de los municipios turísticos, se tenga en cuenta a la población flotante.

"Se trata de disponer de herramientas para que el IBI se pueda adaptar a la actividad económica del municipio y los Ayuntamientos no estén abocados a vivir de la construcción", ha comentado.

REGULACIÓN EN MANOS DE LAS CC.AA.

Las normativas vigentes en España para la oferta de alquiler de viviendas de uso turístico salvo en Baleares y Canarias son bastante dispares, aunque la mayoría coinciden en la inscripción de un registro, un teléfono 24 horas y la prohibición de alquilar habitaciones sueltas.

La mayoría de CCAA --Cataluña, Andalucía, Aragón y Canarias, entre ellas-- obliga a registrar o dar de alta los inmuebles en el organismo turístico competente o en uno específico creado para ellas, que implica cumplir una serie de requisitos y condiciones específicas por parte del propietario y tramitar una licencia que le permita destinar el inmueble a este fin.

La Comisión Nacional de los Mercados y LA Competencia (CNMC) recomienda una mayor libertad de acceso al mercado viviendas de uso turístico tras la llegada de servicios como Airbnb, eliminando cualquier tipo de moratoria en la autorización de nuevas viviendas turísticas, suprimiendo su inscripción y eliminando requisitos de estancias.

FINANCIACIÓN SUFICIENTE PARA SERVICIOS TURÍSTICOS

Durante la reunión, los representantes de la FEMP también han propuesto a la responsable de Turismo que se firme un acuerdo de colaboración para llevar a cabo actividades conjuntas, tanto con la propia Secretaría de Estado de Turismo como con Turespaña.

En este nuevo acuerdo se contemplarían las líneas generales y actuaciones a desarrollar en los diferentes ámbitos de actuación en los que se mueve la FEMP, a través de sus secciones del Spain Convention Bureau (SCB) y de Villas Termales.

La FEMP mantiene su reivindicación al Gobierno para que los municipios turísticos puedan tener una "financiación suficiente" que les permita hacer frente a los gastos por prestación de servicios que tienen este tipo de entidades por el hecho de tener actividad turística. Al mismo tiempo, reclaman ampliar la plantilla de policía local para garantizar la seguridad tanto de ciudadanos y en los destinos turísticos.