El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha acordado levantar una de las piezas separadas del denominado caso Imelsa, la referida al presunto cobro ilegal de comisiones por obras promovidas por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de la exconcejal María José Alcón.
Fuentes jurídicas han informado hoy a EFE que, en otro auto, el mismo juez ha acordado prorrogar un mes más, hasta el 14 de septiembre, la causa principal y otras dos piezas separadas iniciadas el pasado mes de julio.
En declaraciones a EFE, Pablo Delegado, abogado de María José Alcón, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha indicado hoy que todavía no ha recibido ninguna notificación del juzgado y ha lamentado que el secreto del sumario se haya levantado en pleno puente de agosto después de más de un años sin que se hayan realizado las diligencias solicitadas en esta causa.
En la pieza separada sobre las adjudicaciones irregulares de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, de la que se ha levantado el secreto de sumario, figuran el cobro de comisiones en adjudicaciones y obras municipales, como la Mostra de Valencia y las obras de rehabilitación de las torres de Quart.
La causa principal del caso Imelsa, que nació en abril de 2015 y que permanece en secreto de sumario, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo en esta empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia.
Una de las dos piezas separadas abiertas en julio, y que también permanece bajo secreto de sumario, es la relativa a la adjudicación por parte de Imelsa del servicio de atención telefónica (Call center) a la empresa Servimun.
En ese mismo mes de julio, el juez instructor abrió otra pieza separada de la que se desconocen los delitos y posibles personas investigadas, que también sigue en secreto de sumario.
Además, en una de las piezas separadas abiertas con anterioridad se investiga el supuesto delito electoral y de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
En total, en esta causa hay 115 investigados por varios delitos contra la administración pública, en relación con una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.