El juicio por el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco (PP), que murió tiroteada el 12 de mayo de 2014, aborda hoy una sesión clave con la exposición a cargo de los peritos de los informes psiquiátricos, una prueba pericial que puede determinar la sentencia final.

La vista, que alcanza su decimoquinta jornada, ha sido abierta a las 09.25 horas con las prueba pericial médico-forense psiquiátrica, a las que seguirán las periciales psiquiátricas y otras documentales.

Por el asesinato del Isabel Carrasco están acusadas Montserrat González, autora confesa de los disparos que acabaron con la vida de la presidenta de la Diputación de León; su hija, Triana Martínez, y la agente de policía local Raquel Gago.

Montserrat González declaró ante el tribunal que es la única responsable de la muerte de Isabel Carrasco y admitió que estaba "obsesionada" con ella porque había echado a su hija de la Diputación de León, donde ocupaba una plaza interina como ingeniera de telecomunicación, e igualmente consideraba que había cercenado su carrera política en el seno del PP.

Las otras dos acusadas afirmaron ante el tribunal que son inocentes y aseguraron que no sabían nada del plan urdido por Montserrat González para acabar con la vida de Isabel Carrasco.

No obstante, la Fiscalía acusa a ambas de ser colaboradoras necesarias en el crimen y pide para ellas la misma pena que para Montserrat González, veintitrés años de prisión: veinte por un delito de asesinato en concurso ideal con otro de atentado a la autoridad, y tres más por tenencia ilícita de armas.

El letrado José Ramón García, que patrocina a Montserrat González y a su hija, pide para la autora confesa del asesinato ocho años y medio de prisión al alegar enajenación mental cuando sucedieron los hechos.

Siete años corresponderían a un delito de asesinato y uno y medio al de tenencia ilícita de armas.

Para la hija de Montserrat, el letrado pide la libre absolución, lo mismo que el abogado que defiende a Raquel Gago.

Por lo tanto, la prueba pericial psiquiátrica puede incidir directamente en la pena a la que se condene a la autora confesa del asesinato.

Montserrat González responsabilizaba a Carrasco del despido de su hija de la Diputación de León, donde ocupaba una plaza interina como ingeniera, e igualmente consideraba que había cortado de raíz su carrera política en el seno del PP.

La defensa entiende que esta situación le provocó un trastorno mental y por ello solicita que se tenga en cuenta como eximente incompleta para reducir la pena por asesinato de veinte a siete años.

En el caso de Triana Martínez, la defensa sostiene que hay informes psiquiátricos que prueban que desde que fue despedida de la Diputación, la joven cayó en una grave depresión que le llevó a formar parte del plan criminal urdido por su madre sin ser realmente consciente de lo que estaba haciendo y de la gravedad de los hechos.

Como mucho, la defensa considera que se podría imputar un delito de encubrimiento, pero alega que su estado mental la hace inimputable y por ello solicita su libre absolución.