La salida forzosa de Enrique López y Concepción Espejel del tribunal del caso Gürtel, acordada por la mayoría de sus compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha abierto una brecha en las relaciones entre todos ellos, que han pasado de la cordialidad a un hostil enfrentamiento.

"Esto ha estallado al llegar a la Sala el primer juicio de corrupción que afecta a un partido político", ha comentado un magistrado de la Audiencia Nacional, que recuerda que las desavenencias en el tribunal eran casi inexistentes cuando se juzgaban atentados de ETA y eso era porque entonces "el enemigo era común".

En el epicentro del debate y de la discordia se ha situado el sistema de nombramientos de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dado que el motivo principal por el que ambos magistrados han sido apartados de los juicios del caso Gürtel y del caso Bárcenas es que los dos fueron propuestos por el PP para entrar a formar parte del órgano de gobierno de los jueces.

Algunos de los magistrados que votaron a favor de las recusaciones sostienen que el solo dato de haber sido aupado a un cargo por un partido político pone en duda la apariencia de imparcialidad y la credibilidad de la justicia ante la sociedad.

Si bien no dudan de la profesionalidad de sus compañeros, creen que la sola sombra de sospecha sobre la falta de independencia puede empañar la imagen de la Justicia, ya que las sentencias que pudieran poner al juzgar la corrupción que afecta a partidos políticos con los que se les relaciona pueden ser gravemente cuestionadas por la sociedad. "Esas sentencias se mirarían con lupa", advierte un magistrado.

"Todos los jueces pueden tener su ideología, pero al entrar en su despacho a poner sentencias hay que dejarla fuera y no siempre ocurre así", ha señalado un juez muy crítico con los vínculos que existen entre la política y la justicia y el sistema de nombramientos del CGPJ.

Mientras, los que se han posicionado en contra de las recusaciones consideran peligroso haber entrado en esa dinámica, puesto que López y Espejel no son los únicos magistrados de la Sala o de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional que han pasado por el CGPJ o han tenido cargos en algún gobierno.

De hecho, el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, simultanea actualmente este cargo con el de vocal del CGPJ, puesto para el que, al igual que sus compañeros recusados, le propuso el PP.

Muchos creen que con el episodio de López y Espejel se ha abierto la veda para recusar a cualquier juez que en algún momento haya podido tener, de una u otra manera, el respaldo de un partido político.

Temor que algunos consideran se ha materializado ya en la reciente recusación a la nueva titular del juzgado central de instrucción número 3, Carmen Lamela, que ha sido planteada por los padres de los guardias civiles Carlos Saenz de Tejada y Diego Salvá, asesinados en Palma de Mallorca en el último atentado mortal de ETA.

Los padres decidieron recusar a Lamela cuando, a petición de la Fiscalía, dejó en libertad al exdirigente etarra Aitor Elizarán tras presentarse voluntariamente en su juzgado, en el que está procesado por lesa humanidad, 15 días después de haber sido expulsado de Francia y de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenara su busca y captura.

El principal motivo esgrimido en esa recusación, que aún está pendiente de resolución, es que Lamela asesoró al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se estaba negociando con ETA, lo que consideran supone una participación "directa o indirecta" en la causa que tramita.

Y es que el estigma de la "politización" no solo recae en los magistrados de la Sala que han ocupado puestos en el CGPJ o de otra índole, sino también en los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, ya que de los seis que hay, tres han tenido cargos en algún gobierno.

Además del mencionado caso de Lamela, ocurre lo mismo con Eloy Velasco, instructor de casos como Púnica y Acuamed, que afectan al PP, y que entre 1995 y 2003 fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, José de la Mata, el nuevo titular del Juzgado Central número 5, que, tras la salida de Pablo Ruz, tiene en sus manos varias piezas del caso Gürtel y el caso Pujol, entre otros, ostentó entre 2009 y 2011 el cargo de director general del Ministerio de Justicia en la época de Francisco Caamaño, último titular de esta cartera en el gobierno de Zapatero.