"Ruptura democrática", proceso constituyente hacia una "república catalana" y plan de choque con medidas sociales son los tres pilares irrenunciables de la CUP para encarar la negociación con Junts pel Sí, que anteponen al debate sobre quién debe presidir el futuro gobierno de la Generalitat.

RUPTURA DEMOCRÁTICA

La CUP aboga por iniciar una etapa que ya no sería de un gobierno autonómico sino de transición hacia una "república catalana", en un camino "irreversible" para cambiar las reglas del juego.

Así, exigen actuar con "unilateralidad" porque considera que la legalidad española nunca permitirá a Cataluña ejercer su soberanía.

Dejan en manos de Junts pel Sí la constitución del nuevo gobierno de la Generalitat, en el que no quieren ocupar cargos, sino aplicar la transición hacia una república.

Propugnan así hablar primero "del qué, del cómo y del cuándo" se hará esta transición, sin entrar por ahora en "quién" debe presidir la Generalitat, aunque remarcan que "no sobra nadie".

La CUP no pretende investir gobiernos autonómicos ni tampoco buscar pactos de Estado para encajes que creen "imposibles", al tiempo que proclama la "desobediencia" a un Tribunal Constitucional que ven "incompetente" para hacer su función de árbitro.

PROCESO CONSTITUYENTE

Para la CUP, se debe abrir un proceso constituyente de una nueva "república catalana", en el que no sólo participen los partidos políticos sino también la sociedad, y que se reparta el poder entre las diferentes instituciones, con más peso de los ayuntamientos.

Opinan que crear un nuevo Estado no debería implicar un simple "cambio de banderas" ni una transacción de unas elites a unas otras, sino que el protagonismo lo deben tener los ciudadanos.

PLAN DE CHOQUE SOCIAL

Convencidos de que "el independentismo crece por la izquierda", reclaman hechos concretos ante las necesidades sociales y una "batería de medidas de urgencia para las clases populares", porque creen que "sin justicia no hay libertad" y que el proceso catalán "no puede dejar a nadie atrás".

Entre las medidas, destaca que se paren hasta 10 privatizaciones -que no han concretado-, que se acabe con el "apartheid sanitario", que se garantice una renta mínima vital y que se frenen los desahucios.