"Hace cinco años de que Grünenthal Pharma pidió perdón al mundo por los daños causados por la talidomida y en España todavía no nos hemos enterado", ha declarado hoy Pepe Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE).

Los dirigentes de esta asociación han hecho declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Civil en pleno está revisando hoy su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideró prescrito el plazo para lograr indemnizaciones por los daños que causó ese medicamento a sus madres cuando estaban embarazadas.

La Audiencia Provincial de Madrid anuló el año pasado las indemnizaciones para los afectados por la Talidomida, que reclamaron 204 millones de euros por las malformaciones que causó a numerosos recién nacidos este medicamento, indicado para las náuseas de las embarazadas. Aquella sentencia consideró prescrita la acción de los perjudicados.

"Es curioso que hace cinco años la farmacéutica pidiera perdón al mundo por esta masacre y en España sigamos ahora todavía luchando. Hay un informe del fiscal de 250 folios apoyándonos y eso creo que es muy significativo, como lo es que haya sido abocada a pleno la decisión", ha señalado Riquelme, que aludía a que sea toda la sala de lo civil del Supremo la que vaya a fallar.

"Es importantísimo que la fiscalía se haya adherido a nuestra causa y se haya pronunciado en contra de la prescripción del caso. La gente tiene que entender que lo que dijo la Audiencia de Madrid es que el asunto ha prescrito por unos meses de plazo después de cincuenta años. Eso no tiene sentido", ha añadido el abogado de las víctimas, Ignacio Martínez.

"Además, en Alemania, por ejemplo, lo que están haciendo es indemnizarles con más, mientras que aquí estamos todavía en cero. La entidad del daño se está descubriendo ahora y por tanto eso hace que el inicio de la acción no se produjera antes", ha señalado.

"Inicialmente en España se estableció que no había habido Talidommida, pero a partir de ahí el presidente de AVITE empieza a investigar y va accediendo a informes y documentación que lo que precisamente descubren es que el caso español es el peor de todos. Y después el Gobierno de Zapatero decide que sí, hay afectados, y les concede una ayuda pública. A partir de ahí podemos demandar a la farmacéutica", ha concluido el letrado.