El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha apuntado este martes durante su declaración como imputado en la pieza de los ERE fraudulentos que se instruye en el Tribunal Supremo que, en diez años de debates presupuestarios, ninguno de los centenares de diputados que han pasado por las cortes andaluzas ha hecho observación alguna de ilegalidad respecto del sistema de "transferencias de financiación" que se utilizó para tramitar las ayudas socio-laborales.

Según se detalla en el acta de declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, a juicio del actual diputado nacional es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal. El expresidente ha negado también haber conocido nunca ningún informe de la intervención poniendo reparos a estas ayudas.

Chaves ha explicado a preguntas del magistrado Alberto Jorge Barreiro que nunca despachó con un director general, que únicamente lo hacía con consejeros y que ninguno de ellos le puso de manifiesto la existencia de ilegalidades. La Presidencia siempre delegaba en el consejero de economía en relación con la información sobre los presupuestos, ha insistido Chaves.

A iniciativa propia al término de su intervención ha manifestado que ha tenido una larga trayectoria política y que podía asegurar que en ningún momento ninguna decisión que haya adoptado ha estado basada en la ilegalidad, según se detalla en el mismo acta de declaración.

NO PODÍA LEER TODOS LOS INFORMES

Según su declaración, él no podía leerse todos los informes que acompañaban a cualquier actuación legislativa porque debía dedicarse a otras funciones, y era la Intervención General la que tenía que indicar qué tipo de control quería, pese a lo cual nunca encontró menoscabo o ilegalidad alguna, según ha declarado.

También ha manifestado Chaves que nunca le llegó ningún informe de la intervención ni tuvo sobre la mesa del Consejo de Gobierno ningún informe de actuación al respecto. Según ha defendido, sólo conocía los criterios generales, relativos a las empresas que estaban en crisis o los procesos de reconversión para ayudar a despedidos o prejubilados.

200 DIRECTORES GENERALES EN ANDALUCÍA

El expresidente andaluz ha dicho también ante el instructor de la causa en el Tribunal Supremo que en todo Andalucía había 200 directores generales y que él partía de la idea de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal.

Por ello, entiende que si la intervención hubiera considerado que el presidente de Andalucía tenía que estar enterado de la ilegalidad, lo habría comunicado.

Al lo largo de su declaración, Chaves ha negado igualmente saber si quiera que se hubieran encargado ningún informe externo por la Junta de Andalucía como el que realizó la firma jurídica Garrigues advirtiendo de una serie de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas socio-laborales.

Tras alegar que ha pasado mucho tiempo desde las actuaciones por las que se le preguntas, Chaves ha manifestado durante su comparecencia judicial que los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre el control permanente financiero se hacían en la creencia de la legalidad de las actuaciones, y tenían su fuente en la propuesta de la propia Intervención General de la Junta de Andalucía.

Además, y pese a reconocer que el interventor general está imputado en la causa que instruye la juez Alaya es Sevilla, afirma que no conoce personalmente a este persona y que si no elevó informe de actuación sería probablemente porque no advirtió ilegalidad alguna.

En otro punto de la declaración, inquirido por el instructor Jorge Barreiro sobre el incumplimiento de los topes legales a nivel estatal suscritas cuando su sucesor José Antonio Griñán fue ministro de Trabajo, Chaves ha respondido que no sabe nada al respecto y que en ningún momento se planteo que las ayudas de la Junta fueran incompatibles con las del Gobierno.

Sobre las ayudas recibidas por distintas empresas en zonas de Andalucía como la sierra Norte, Chaves ha manifestado que desconocía el importe de las mismas, si bien sabía que se concedían a zonas en crisis y que conocía la situación de algunas empresas emblemáticas como DelPhi, Hytasa o Santana.

A preguntas del Ministerio Fiscal, Chaves ha reconocido conocer el detalle de algunas modificaciones presupuestarias respecto a algunas ayudas, como las de HAMSA, si bien ésta tenían cumplidos todos los trámites, por lo que no pudo deducir tampoco ilegalidad alguna. Tampoco conoció por qué se cambió de un sistema a otro para la concesión de las ayudas ni sabe quien lo ideó.

También ha indicado a preguntas de los fiscales Rafael Escobar y Fernando Prieto- no lo ha hecho a las realizadas por la acusación popular, que comparten Manos Limpias y el PPA- que no le parece correcto que los sindicatos cobren comisiones por estos trámites, si bien desconoce que haya sido así.

Finalmente, Chaves ha apuntado que los contenidos de la Comisión de Viceconsejeros nunca pudieron llegar al Consejo de Gobierno que él preside, e incluso que en su etapa de presidente desconocía que las ayudas se publicaran en el Boletín Oficial. La Ley presupuestaria, ha recordado también el actual diputado en el Congreso, fue debatida y enmendada en varias ocasiones.