La Guardia Civil ha asestado hoy un nuevo golpe al denominado "frente de cárceles" de ETA, en una operación que ha diezmado a su colectivo de abogados y minado su financiación, además de haber descubierto un fraude al fisco de 1,3 millones de euros en dos años.

Tras la operación Jaque de enero del año pasado, que llevó a la cárcel a los abogados Arantxa Zulueta y Joan Enparantza, la Guardia Civil ha explotado hoy la operación Mate, desarrollada en el País Vasco, Navarra y Madrid con la detención de doce abogados y cuatro tesoreros de Herrira, la organización de apoyo a los presos de ETA que tiene suspendidas sus actividades por decisión judicial.

Herrira sufragaba los gastos que generaba la asistencia jurídica a los presos de la banda y los letrados, según ha descubierto la Guardia Civil, no declaraban al fisco sus ingresos, que los investigadores cifran en 1,3 millones de euros para los años 2012 y 2013.

Un dinero B que han ocultado a la Hacienda Pública. Menos ocultos estaban los 70.000 euros que en monedas y billetes han encontrado los agentes en los registros efectuados en una herriko taberna y en la sede del sindicato LAB en Bilbao.

Responsables de esta última organización han insinuado que el dinero procede de las aportaciones voluntarias para la manifestación que se celebró el pasado sábado en la capital vizcaína contra la política penitenciaria.

La operación ha obligado a la Audiencia Nacional a aplazar el inicio del juicio a 35 acusados de integración en banda terrorista por su relación con la cúpula de Batasuna, PCTV y ANV, que iba a comenzar hoy, ya que tres abogados que tenían que intervenir en la vista han sido detenidos en un hotel de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El Ministerio del Interior cree que con esta operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se ha desarticulado el entramado financiero que sustentaba económicamente al colectivo de abogados.

Pero además, los responsables de la lucha antiterrorista dan prácticamente por desaparecida la estructura utilizada por ETA para mantener a los presos bajo las directrices de la banda.

De hecho, y a través de las llamadas "rondas de control", los abogados, bien directamente o bien a través de reclusos etarras designados para ellos, se encargaban de trasladar a los presos las instrucciones de ETA y de evitar posibles disidencias internas entre los reclusos.

Se trataba, en suma, de adoctrinarles ideológicamente y de tomar nota de la situación personal y jurídica de cada preso, así como de su grado de compromiso con los postulados de la organización, para informar de todo ello a la dirección de ETA.

Además, el colectivo de abogados llevaba a cabo otras actuaciones en el exterior de las cárceles con los familiares de los presos, para lo que contaba con un entramado de apoyo social complementado con medidas económicas y asistenciales.

Y todo ello con el "respaldo" financiero de Herrira, la heredera de Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna que, a pesar de estar suspendida por orden judicial, ha seguido dando soporte económico al "frente de cárceles", pagando, entre otras cosas, a los abogados por su labor de asistencia a los presos.

En torno a las siete de la mañana ha dado comienzo la operación que ha incluido diversos registros, tanto de domicilios particulares, como de despachos de abogados, herriko tabernas y el local de LAB en Bilbao. Han sido detenidas 16 personas, 5 de ellas en Vizcaya, otras 5 en Guipúzcoa, 3 en Navarra y otras 3 en Madrid.

Los abogados arrestados son Alfonso Zenón, Amaia Izko, Arantza Aparicio, Ainhoa Baglietto (abogada del etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, en libertad condicional por un cáncer terminal), Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Zilueaga, Eukene Jauregui, Kepa Mancisidor, Aiert Larrarte y Ane Ituiño.

Mientras, los detenidos por formar parte de la tesorería de Herrira son Francisco Javier Balda, Jon Mintegiaga, Javier Carballido y Nagore San Martín.

Tras la operación, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Estado no cejará en su actividad hasta conseguir la disolución de ETA y para ello será "implacable" con actuaciones como la de hoy.

Mientras, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha acusado al Ejecutivo central de "falta de lealtad institucional" por no haberle informado de la operación y ha abogado por que el "desenlace final" de la misma "no perturbe" el proceso de paz.

Desde Sortu, su presidente, Hasier Arraiz, ha dicho que "estamos, sin lugar a dudas, frente a un Estado terrorista" y ha opinado que es "el momento" de que el pueblo vasco "dé jaque mate a la Guardia Civil" porque "es el momento de que se vayan de Euskal Herria".