El PSOE cree que la mejor fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es trasladar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) parte de su coste, emulando al funcionamiento del sistema francés, y así lo defenderán en las negociaciones que se abrirán próximamente con el Gobierno para la definición del factor de sostenibilidad.

El portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, ha explicado a Europa Press que se debería aprovechar el margen temporal que da la existencia de un "importante" fondo de reserva para plantear una reforma que lleve a "una nueva estructura de ingresos capaz de sostener el sistema".

Defiende así que "no tiene sentido seguir gravando más (a empresarios y trabajadores) a través de aumentos de las cotizaciones cuando el empleo se resiente" pero sí se pueden buscar fórmulas para "allegar nuevos ingresos públicos" de origen diferente.

"Es importante ir diseñando un esquema que pueda permitir que, igual que en el pasado los tributos se han ido haciendo cargo de funciones de gasto que eran propias del sistema de la Seguridad Social como la sanidad, que ahora se paga totalmente con impuestos, se puedan encontrar ahora elementos complementarios para poder sostener en un momento como éste la financiación y el equilibrio de las pensiones", insiste.

ADAPTARSE A LA DEMOGRAFÍA

En cualquier caso, los socialistas son conscientes de que es necesario adaptar el sistema a los cambios demográficos de la sociedad española y al aumento de la esperanza de vida, como ya reconocieron al introducir en la reforma del año 2011 un factor de sostenibilidad que ajuste la pensión en función de la diferencia entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027.

Así, además de retrasar paulatinamente la edad de jubilación hasta los 67 años a partir de 2027, la ley 27/2011 crea este nuevo factor para "mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo", basándose para ello en las "previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes" y revisándolo cada cinco ejercicios.

No obstante, los socialistas optaron por no precisar la fórmula matemática de este cálculo, aplazando ese debate a 2027, al considerar que el resto de modificaciones que ya conlleva la Ley 27/2011 eran suficientes para aguantar hasta entonces. Por eso, ven innecesario que el Ejecutivo fuerce ahora esta debate sin esperar a ver qué resultados obtiene la última reforma, que entró en vigor apenas el pasado 1 de enero.

LA SOLUCIÓN NO ES RECORTAR

A falta de conocer la propuesta del Gobierno --que este lunes la ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentará a los agentes sociales con el ánimo de conseguir "el mayor consenso posible"--, Gómez reconoce que en el PSOE hay "preocupación" ante la posibilidad de que se opte por comenzar a aplicar el nuevo factor de sostenibilidad ya en el próximo ejercicio y por que se trate de garantizar la sostenibilidad de las pensiones recortándolas.

Y eso es, precisamente, lo que cree que ocurrirá si el planteamiento del Gobierno se asemeja a la propuesta del comité de expertos, que pasa por aplicar un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI) para adaptar la cuantía inicial de las pensiones a la esperanza de vida y un Factor de Revalorización Anual (FRA) que desliga la actualización de las cuantías de la inflación, algo que ocurrirá en cualquier caso una vez entre en vigor la nueva Ley de Desindexación anunciada por el Gobierno.