La Comisión Europea (CE) anunció ayer que España deberá devolver a las arcas comunitarias 1,187 millones de euros de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), al considerar que fueron gastadas "indebidamente".
Bajo el llamado procedimiento de liquidación de cuentas, la CE reclama un total de 230 millones de euros en concepto de fondos de la PAC, que cree que no fueron empleados correctamente, a catorce Estados miembros (España, Bélgica, la República Checa, Alemania, Irlanda, Grecia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido).
La Comisión precisó en un comunicado que, debido a que ya ha recuperado parte de esa cantidad de los Estados miembros, el impacto financiero de la decisión ascenderá a 227 millones de euros.
En concreto, el dinero debe regresar al presupuesto comunitario a causa del "no cumplimiento de las normas de la UE o unos procedimientos de control inadecuados del gasto agrícola".
Los países son los responsables de pagar y comprobar el gasto en el marco de la PAC, mientras que la CE debe garantizar que los estados hagan un uso correcto de los fondos. En el caso de España, debe devolver 196.000 euros para corregir una "tasa insuficiente" de los controles que se realizan sobre el terreno al ganado bovino y ovino, y por una "aplicación incorrecta" de las sanciones. A eso se suman 991.000 euros (con un impacto financiero de 990.000) por "deficiencias en el sistema sancionador", la falta de una condición agrícola y medioambiental y la cobertura parcial de dos requisitos legales de gestión.
La mayor corrección financiera la tendrá que pagar Grecia y asciende a 83,6 millones por incumplir con la rentabilidad mínima de las uvas pasas, seguida de una de 79,9 millones que deberá abonar Polonia por mostrar deficiencias al comprobar la solicitud inicial y la aprobación de un plan de negocio para las explotaciones de semisubsistencia.