El Gobierno catalán admite que no sabe cuándo pagará los conciertos pendientes que no ha abonado este julio, y ha augurado nuevos problemas de liquidez a corto plazo si el Estado no actúa para remediarlo.
En una comparecencia ante la Diputación Permanente, el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha asegurado no poder adquirir compromisos: "No puedo dar ningún calendario, no lo puedo garantizar porque depende de que el banco --que es el Estado-- funcione adecuadamente".
Asimismo, ha confiado "en que la situación se normalice" en el mes de agosto y la Generalitat pueda a volver a pagar al sector concertado tras los impagos de julio, y ha recalcado que la clave está en que el Estado aporte liquidez a las autonomías.
Mas-Colell no ha aludido al Fondo de Liquidez Autonómica, y se ha limitado a pedir al Estado un mecanismo "transparente y ordinario" para que las comunidades puedan ver mejorada la situación de sus finanzas públicas.
También ha comparecido el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, que ha asegurado que el Ejecutivo de la Generalitat no ha dejado de pagar los conciertos a centros sociales, educativos y sanitarios, sino que simplemente los ha aplazado: "No es un impago, sino un aplazo".
Cleries ha indicado que, a las entidades sociales, el Gobierno de Artur Mas les ha dejado de pagar en total 70 millones, pero ha añadido que están al día el pago de prestaciones y ayudas como la Renta Mínima de Inserción (RMI), el fondo de garantías para el impago de pensiones alimenticias y la dependencia, entre otras.
"Hay una asfixia económica --del Gobierno-- que deriva en asfixia social", ha dicho, recalcando en varias ocasiones que no se puede asegurar que el Gobierno de CiU esté ejecutando políticas antisociales.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La oposición se ha mostrado crítica y disgustada porque, a su juicio, el Govern no ha precisado el número de los afectados por sus incumplimientos, no se ha comprometido a un calendario de pagos, y no ha aportado propuestas a los problemas del sector.
La diputada del PSC Eva Granados ha censurado la "falta de compromiso" del Gobierno de la Generalitat para encontrar una solución, y ha asegurado que hay margen para priorizar las entidades sociales y la atención a los más débiles si existe voluntad política.
Para el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, la actitud del Govern es la de "sentarse y esperar", mientras que el diputado de ERC Pere Bosch ha planteado al Gobierno de Artur Mas "medidas de fuerza" contra el Estado, como por ejemplo priorizar el pago al sector concertado antes que pagos a las arcas públicas españolas como el de las cotizaciones sociales de los trabajadores públicos de la Generalitat.
PP Y EL CPFF
El secretario primero del Parlamento, Pere Calbó (PP), ha pedido al Gobierno autonómico que si lo que reclama es liquidez se acoja sin reticencias al Fondo de Liquidez Autonómica, el "único flotador" que tiene la Generalitat sí de verdad quiere mejorar sus situación de tesorería.
Calbó le ha recordado a Mas-Colell que las condiciones para recurrir al fondo están en el BOE, y le ha reprochado que se salte reuniones importantes en las que se abordan cuestiones como esta, en alusión a la plantada del Govern el pasado martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).