El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un recorte presupuestario de un 12% para 2013, en un pleno en el que aplazó su decisión sobre la indemnización reclamada por su expresidente Carlos Dívar hasta que Hacienda decida si le concede una ampliación de crédito para afrontar ese pago.

El pleno de ayer acordó solicitar al Ministerio de Hacienda una ampliación presupuestaria de 44.623 euros para este año para poder empezar a pagar esa indemnización, pero esperará a conocer la respuesta ministerial antes de debatir si Dívar tiene o no derecho a esa compensación económica que ha solicitado, de 208.243 euros, por ejercer como alto cargo durante al menos dos años.

Según dijo en rueda de prensa el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, esa decisión se debe a "razones de técnica presupuestaria", y una vez que cuenten con la respuesta de Hacienda se adoptará un acuerdo en el primer pleno que se celebre.

Como principal punto en el orden del día la sesión plenaria tuvo ayer la aprobación del proyecto de presupuesto del CGPJ, en el que se ha acometido un recorte de un 12,02% respecto al ejercicio anterior, pasando de 71,35 millones en 2012 a 62,77 en 2013.

Moliner destacó la importancia de este presupuesto, que se acomoda a las necesidades y al interés general en un momento de crisis económica, así como a las instrucciones del Gobierno para sus respectivos departamentos y ministerios, al tiempo que permite al CGPJ cumplir sus funciones.

La reducción afectará también a la presidencia del Consejo, que a partir de ahora contará con un solo jefe del Gabinete Técnico, y no dos, y prescinde de nuevos asesores, aprovechando los que ya están trabajando en el órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ también aprobó el informe al anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial, y que supondrá equiparar el régimen de vacaciones y días libres de jueces y magistrados al resto de funcionarios públicos.

El informe, aprobado por una amplia mayoría del Consejo, incluye duras críticas a algunas de las medidas que prevé el anteproyecto y que considera una "restricción de derechos" sociales para la carrera judicial.

Así lo destacaba la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien explicó que el Consejo no pone reparos a las medidas que homologan el régimen jurídico de los jueces al resto de los funcionarios, como la equiparación de los días de vacaciones. No comparte que se eliminen los seis permisos anuales de tres días con los que cuentan los jueces y magistrados, ya que a su juicio no suponen "ningún privilegio", sino que son consecuencia de la especificidad y peculiaridad de la carrera judicial y su función jurisdiccional.

"El Consejo critica de forma drástica esta reducción de permisos" injustificada, dijo Bravo, que puso el acento en que el anteproyecto no presenta ninguna memoria económica que cifre el ahorro que puede suponer esa medida.