La Generalitat recurrirá el decreto de reforma de la ley de la dependencia al Tribunal Constitucional (TC) porque invade sus competencias y lo considera "un remiendo y una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las CCAA", tras calcular que el Estado dejará de aportar unos 76 millones anuales a Cataluña.

El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluis Cleries, ha confirmado hoy que el Govern presentará el recurso y ha hecho una valoración de la reforma de la ley de la dependencia que ha calificado de "engaño a las CCAA y a los ciudadanos porque el Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros".

Cleries ha recordado que el año pasado la Generalitat ya aportó el 70 % (906 millones) del coste de los servicios y prestaciones de la ley de la dependencia en Cataluña, mientras que el Estado sólo aportó el 20 % (258 millones), cuando la ley establece que ha de ser al 50 %, y el copago supuso el 10 por ciento restante (122 millones).

El nuevo decreto que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto también incluye rebajas en los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades, lo que supondrá, según los cálculos del conseller Cleries, que de los 258 millones se pasaría a unos 128 haciendo una estimación con los datos de 2011.

Esta cifra significan unos 76 millones menos, casi un 30 % de ahorro para el Estado, que el conseller Cleries considera que es "desentenderse y declararse en retirada de la ley".

Pese a ello, el conseller ha asegurado que "la voluntad del Govern es que los cambios del Estado la ley de la dependencia repercutan lo menos posible en la ciudadanía".

En este sentido, Cleries, que había planeado un aumento de aproximadamente del 3 % del copago de los servicios de la ley de la dependencia a partir de septiembre, tendrá que esperar a que se publique el decreto estatal que también incrementará los copagos para ver como afectarán y si tendrá que prever un aumento mayor.

"Esta ley ya nació mal financiada y mal dimensionada de inicio", ha recordado el conseller, que ha culpado al anterior gobierno tripartito de no haberla recurrido al TC por invadir las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que tiene Cataluña.

Cleries ha asegurado que la Generalitat seguirá destinando los mismos recursos que el año pasado a la ley de la dependencia "porque lo más importante es la atención a las personas" y ha informado que el retraso hasta el 2015 previsto en el nuevo decreto para cobrar las prestaciones para las personas dependientes de grado I -el más leve- afecta de momento a 57.083 catalanes.

Respecto a la nueva estructura de la ley que elimina los niveles de valoración y sólo deja en grados I, II y III (leve, moderado y severo), Cleries ha dicho que "puede resultar más ágil para la gestión pero resulta poco beneficiosa para los usuarios porque al unificar los criterios se redondea a la baja la prestación correspondiente".