Nacional

Garzón, inhabilitado

El Supremo condenó al juez a 11 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar grabar las conversaciones en prisión de imputados en el caso Gürtel y sus abogados.
EFE, Madrid
10/feb/12 1:14 AM
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El Tribunal Supremo (TS) condenó a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales al ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y sus abogados.

Garzón acudió personalmente al TS para que le fuera notificada la sentencia, aprobada por unanimidad por los siete magistrados que lo juzgaron por las escuchas, y que lo condena a pagar una multa de 2.500 euros, además de suponer la "pérdida definitiva" de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El TS sostiene que Garzón, al ordenar la grabación de las conversaciones del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".

"La Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia", afirma la sentencia, que también señala que Garzón admitió "prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado".

Este no es el único reproche que el Supremo realiza al magistrado a lo largo de los 68 folios que tiene la sentencia, ya que insiste en valorar su actuación como una vulneración de los derechos fundamentales porque "la investigación criminal no justifica por sí misma toda clase de actuación" y "la verdad no puede lograrse a cualquier precio".

Así, continúa la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, Garzón prescindió de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos y convirtió las previsiones constitucionales y legales "en meras proclamaciones vacías de contenido".

"Acto de voluntarismo"

Esa decisión de Garzón, a juicio del tribunal, "se revelaba, a ojos de cualquiera como un acto de mero voluntarismo" que se alejaba de modo "arbitrario y absoluto" de la aplicación razonada del Derecho causando "un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa" de los imputados y el secreto profesional de los abogados.

Tras insistir en que el juez se separó "absolutamente" de la doctrina del Constitucional y del propio TS, la Sala indica que Garzón vulneró el Estado de Derecho, ya que a pesar de no existir indicios de delito contra los letrados, ordenó que sus comunicaciones fueran intervenidas, e incluyó a todos los abogados, fueran quienes fueran.

Defiende la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente y dice que no puede aceptarse como motivación la simple suposición de que los sospechosos continuaban cometiendo delitos, o la mera posibilidad de que lo hicieran, como alegaron Garzón y su abogado defensor durante el juicio y la Fiscalía, que también pedía su absolución.

En opinión del tribunal, "nada impedía" a Garzón realizar otras actuaciones, como vigilar las actividades que continuaran ejecutando los internos para identificar a los responsables del delito y tomar medidas respecto a éstos, y no "con carácter indiscriminado, como se hizo contra todos los letrados defensores", a los que se convirtió en imputados "sin razón alguna".

Una vez que le fue comunicada la resolución, Baltasar Garzón abandonó la sede del alto tribunal con semblante serio y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, está firmada por los magistrados Joaquín Gímenez, que presidió el tribunal durante el juicio; Andrés Martínez-Arrieta, Miguel Colmenero -ponente-, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.

claves del juicio

Querella

La querella la presentó en 2009 Ignacio Peláez, abogado de un imputado en el caso Gürtel, que pidió 10 años de inhabilitación, frente a los 17 que solicitó la defensa del cerebro de la trama, Francisco Correa.

Delitos

Prevaricación y violación de las garantías constitucionales al acceder "indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que su contenido fueran las estrategias de defensa.

Acusación

Peláez dijo que grabar las conversaciones fue "burdo, prevaricador y contrario a derecho". Choclán, abogado de Correa, dijo que Garzón dio "un cheque en blanco" a la Policía y había ordenado grabar a los abogados personados en la causa "como si todos fueran corruptos".

Defensa

Garzón asumió todas y cada una de las decisiones adoptadas y aseguró que había protegido el derecho de defensa.

Fiscalía

Coincidió con las tesis de la defensa y pidió la absolución.

Testigos

Cinco policías aseguraron que el juez les dio la orden de salvaguardar el derecho de defensa. Peláez, el abogado querellante, dijo como testigo que las conversaciones intervenidas sirvieron para planificar la estrategia de defensa de su cliente que, de esa forma, pudo ser conocida por el instructor, la fiscal y la Policía.

carta de la hija

"Nos han tocado, pero no hundido"

La hija del juez, María Garzón Molina, de 26 años, remitió una carta abierta "a los que hoy brindarán con champán" en la que dice que a su familia los "han tocado, pero no hundido", y que "jamás" les harán "bajar la cabeza" ni derramar "una sola lágrima" por el golpe recibido. Dirige su misiva, sin citar nombre, a todos los que brindarán por la inhabilitación de su padre, a los que "durante años han vertido insultos y mentiras y ahora han alcanzado su meta, logrado su trofeo". Todas esas personas le han dado "más fuerza para seguir luchando por un mundo en el que la justicia sea auténtica, sin sectarismo, sin estar guiada por envidias, por acuerdos de pasillo". La sentencia del alto tribunal supone "un paso atrás" que aquellos a quienes ha alegrado el fallo achacan a su padre, "pero que no es más que el reflejo de su propia condición". "Ustedes hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente y que nuestra conciencia sí está tranquila", finaliza la carta.