El juez Baltasar Garzón se sentará mañana en el banquillo del Tribunal Supremo por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del "caso Gürtel" en prisión y sus abogados, en el que será el primer juicio por prevaricación al que debe enfrentarse el magistrado.

Será sólo el inicio del calvario judicial que le espera este mes de enero a Garzón, que a partir del día 24 será juzgado también por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo y que además tiene abierta otra investigación en el Supremo por los patrocinios de los cursos que impartió en Nueva York entre 2005 y 2006. La expectación mediática, con casi un centenar de medios de más de 15 países acreditados, y la movilización de los defensores del magistrado para denunciar la "persecución política" a Garzón marcan ya el arranque de vista que comenzará el martes.

La causa por las escuchas telefónicas se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el "caso Gürtel" -el empresario José Luis Ulibarri-, que solicita 10 años de inhabilitación para el juez, frente a los 17 que pide la representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, y de su número dos, Pablo Crespo.

La Fiscalía no acusa y reclama la absolución de Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, al considerar que no cometió los delitos que se le imputan. En el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado 11 de abril, el juez instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, señaló que Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que su contenido fueran únicamente las estrategias de defensa.

Según este magistrado, Garzón, con el fin de obtener información de relevancia sobre el caso que no tenía la seguridad de lograr por medios lícitos, accedió a las conversaciones de los abogados con los presos en los locutorios de la cárcel de Soto del Real, hechos suficientes en su opinión para juzgarle por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.

La vista, señalada en principio los días 17, 18 y 19, comenzará con las cuestiones previas y, dependiendo de la duración de éstas, continuará con el interrogatorio del acusado mañana o el miércoles. Está previsto que cinco funcionarios policiales y el propio Peláez, llamado por el abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, declaren como testigos.