El Congreso dio ayer luz verde a la reforma de la Carta Magna que consagra la estabilidad presupuestaria de las administraciones, pero PSOE y PP ni siquiera lograron todos los votos que suman sus 321 diputados y se encontraron con el plante de los nacionalistas y la izquierda minoritaria.

Después de una intensa mañana de reuniones a varias bandas para tratar de acercar posturas con CiU, finalmente la reforma salió con los únicos votos a favor del PSOE (y no de todos sus diputados), del PP y de UPN.

La jornada sirivió además para volver a escenificar la división interna que esta reforma constitucional ha generado en las filas socialistas, porque al voto discrepante ya conocido de Antonio Gutiérrez se sumó ayer la decisión de otros tres diputados -Manuel de la Rocha, José Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio- de no acudir a votar para no tener que hacerlo en contra.

Aunque no ha habido problemas para que la proposición de ley obtuviera los tres quintos imprescindibles, lo cierto es que un 10% de los diputados prefirió no participar en la votación y algunos de ellos decidieron abandonar el hemiciclo.

Ese fue el caso de los representantes de la izquierda minoritaria, como ERC, ICV, BNG y NaBai, aunque el diputado de IU, Gaspar Llamazares, tuvo que quedarse en su escaño para rechazar que se votaran dos enmiendas transaccionales y, una vez comenzada la votación y cerradas las puertas ya no pudo salir.

Una postura insólita adoptaron también los nacionalistas vascos y catalanes, ya que permanecieron en el salón de plenos pero no pulsaron ningún botón, por lo que en las actas están contabilizados como "ausentes".

Tensiones

Posteriormente, Josep Antoni Duran Lleida (CiU), aseguró a los medios que la intención de su grupo era no participar en la votación, incluso aunque se hubieran aprobado las dos enmiendas transaccionales que habían pactado con PSOE y PP.

El día ya había comenzado con tensiones debido a la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de no admitir buena parte de las enmiendas de los distintos grupos, como las de la totalidad o las del PNV y ERC que pretendían incluir el derecho de autodeterminación.

Desde CiU, el diputado Josep Sánchez Llibre defendió sus propuestas con el argumento de que servían para recuperar el consenso constitucional del 78, "dinamitado en cuatro días de agosto" por PSOE y PP.

Para los representantes de ERC e IU-ICV, la reforma es profundamente antisocial y "rabiosamente centralista" y con ella, en palabras de Joan Ridao, se consuma "un auténtico atentado contra el autogobierno" y un "golpe de Estado constitucional".

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, insistió en defender el derecho de autodeterminación, pese a que la enmienda no fue admitida, y se quejó del abuso, del exceso, de la desproporción y del "alarde de sectarismo y exclusión" de los dos partidos mayoritarios.

El texto sale del Congreso tal y como entró. Así, llegará al Senado, donde previsiblemente se aprobará el miércoles. Después, se abrirá un plazo de 15 días para que los interesados en convocar un referéndum logren el 10% de los apoyos de diputados o de senadores.