La reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagrará en la Carta Magna una regla fiscal para todas las administraciones públicas, inició ayer su tramitación urgente en el Congreso, aunque el PSOE y el PP, promotores de la iniciativa, sólo lograron el apoyo de UPN. Se aceptó la toma en consideración de la reforma con 318 votos a favor, 16 en contra (PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai, UPyD y Gutiérrez) y 2 abstenciones (Coalición Canaria).

La proposición de ley pactada entre los dos principales grupos sorteó el primer trámite y, tal y como se esperaba, sólo tuvo un voto en contra dentro de las filas socialistas: el del ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez.

Se opuso el PNV y el resto de grupos minoritarios de la Cámara, mientras que CiU optó por no pulsar el botón de las votaciones y se les computó como "ausentes", pese a estar dentro del hemiciclo.

Fueron los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, los encargados de defender su acuerdo desde la tribuna, cuya necesidad y urgencia justificaron.

Alonso advirtió de que, sin esta reforma, la situación "se agravaría en otoño" y se alcanzaría un estado "insostenible" que pondría en riesgo las políticas sociales de bienestar. Una idea que compartió su homóloga del PP, para quien es una medida "necesaria, oportuna y responsable", que reforzará el modelo de Estado y mediante la cual la estabilidad presupuestaria se convertirá en un deber y no en una opción.

Las formas

Toda la oposición criticó las formas en las que se ha planteado esta iniciativa, en pleno agosto y sin contar con la opinión de todo el arco parlamentario pese a tratarse de una modificación de la Carta Magna.

Muy duro fue el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que calificó de "esperpéntico" que con "nocturnidad y alevosía" se haya hecho "añicos" el consenso constitucional.

PSOE y PP intentarán convencer a los nacionalistas catalanes para que se sumen al acuerdo, al que CiU dejó la puerta abierta al anunciar la presentación de enmiendas, al igual que el PNV.

Josu Erkoreka (PNV) no comparte la idea de constitucionalizar la estabilidad presupuestaria, que es "funesta", y rechazó la reforma al entender que es un "atropello" a los procedimientos democráticos, irrespetuosa con la estructura del Estado, innecesaria y antieuropea.

Más lejos fue Gaspar Llamazares (IU-ICV), que llamó a la rebelión a los diputados socialistas y pidió la retirada de la iniciativa, aunque, de no ser así, exigió un referéndum.

También clamaron por una consulta popular Joan Ridao (ERC), Francisco Jorquera (BNG), Rosa Díez (UPyD) y Uxue Barkos (Nabai), petición a la que podría adherirse Antonio Gutiérrez, quien lamentó que los que están en contra del referéndum utilicen una argumentación "miedosa" del ejercicio de la democracia.

De esta forma, se abrió el plazo de enmiendas y los grupos tendrán hasta las 14;00 horas de mañana para presentar sus propuestas de modificación de la iniciativa, que será aprobada definitivamente por el pleno del Congreso de los Diputados el próximo viernes antes de pasar al Senado.