El pleno del Senado ha aprobado hoy la reforma de la ley electoral que cierra cualquier resquicio que pudiera permitir concurrir a unas elecciones a formaciones ilegalizadas o que apoyen la violencia terrorista, aunque para entrar en vigor aún debe pasar por el Congreso de los Diputados.

Ello se debe a que la Cámara Alta ha introducido una enmienda del PSOE con el apoyo del PP sobre el control judicial de las "herriko-tabernas", aunque ha rechazado todas las demás que habían presentado los grupos nacionalistas.

El pleno de la Cámara ha debatido hoy las dos proposiciones de ley de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se han tramitado por la vía de urgencia para que estén en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo.

La primera de ellas introduce modificaciones en el procedimiento electoral y ha sido aprobada definitivamente por el Senado -ya que el pleno ha rechazado los vetos y las enmiendas parciales presentadas- por lo que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El senador socialista Fernando López Carrasco y la senadora del PP Rosa Vindel han destacado que mediante esta reforma los españoles emigrantes podrán votar en urna en sus consulados (salvo en las elecciones municipales, en las que ya no podrán votar), se limitan los gastos de campaña y se recomienda que las televisiones privadas informen proporcionalmente de todos los candidatos.

La segunda reforma, que será aprobada definitivamente el próximo martes en el Congreso, cierra la puerta a que formaciones políticas sucesoras de Batasuna puedan estar en las instituciones e incluso admite que sus cargos electos puedan perder su escaño si no condenan el motivo por el que sus partidos fueron ilegalizados -la llamada incompatibilidad sobrevenida-.

El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Uzquiza, ha recordado que durante muchos años los consistorios vascos donde se producían atentados han sido "doblemente víctimas de la violencia" terrorista, porque algunos de sus miembros han "mirado para otra parte negándose a ponerse del lado de sus vecinos".

Uzquiza ha insistido en que si Batasuna quiere ir a las elecciones; o ETA deja definitivamente las armas, o Batasuna rechaza y rompe su relación con los terroristas. "Como se ha dicho en repetidas ocasiones, o bombas o votos. Con violencia y con bombas, no habrá listas", ha señalado.

Tanto Uzquiza como la senadora del PP Rosa Vindel han defendido la unidad de los demócratas frente al terrorismo que se ha demostrado como la herramienta más eficaz para lograr el fin de ETA.

Esta última ha hecho hincapié en que, en el País Vasco, "el ejercicio de la democracia tiene un riesgo y un precio, y a pesar de todo" hay personas que "arriesgan todo" para que "nadie tenga que verse amenazado por defender sus ideas".

"Por todos ellos les pido el voto a favor", ha dicho Vindel quien ha remarcado que la democracia se ha dotado de nuevos instrumentos legales para que ETA "no alcance su objetivo de volver a las instituciones".

"Ahora - ha advertido Vindel- le corresponde al Gobierno aplicarlos y el Partido Popular estará vigilante para que ello se produzca".

La senadora del PNV Miren Lore Leanizbarrutia ha criticado este "acuerdo férreo" entre PP y PSOE para llevar adelante una reforma que, a su juicio, tiene "un evidente carácter político" y no es sino "una vuelta de tuerca más" de la Ley de Partidos.

El PNV enmendó prácticamente la totalidad de un texto que les causa una "honda preocupación" porque, a juicio de este grupo, tiene un "dudoso encaje constitucional", ya que deja en manos de la administración electoral cuestiones que deberían corresponder a la administración de Justicia.

Durante el debate de la reforma de la LOREG que afecta al procedimiento electoral, el senador del PSOE Anselmo Pestana ha destacado que esta modificación normativa acabará con las irregularidades en el voto por correo del exterior.

Así, la reforma permitirá el voto en urna en los consulados y exigirá más control en el sufragio por correo, que ahora será rogado, es decir, que deberá solicitarlo el votante que lo desee en vez que enviárselo a todo el censo de residentes ausentes.