Cuatro personas fueron detenidas ayer por la Policía Nacional en una nueva operación anticorrupción contra una trama descubierta en el servicio de gestión de recogida de basuras del Consell de Mallorca, según fuentes de la investigación.

La operación, bautizada precisamente con el nombre de "operación Cloaca" y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones de presuntos implicados en la trama.

Tres de los detenidos son responsables de importantes empresas que se dedican también a la gestión del medio ambiente en Mallorca. Se trata de directivos de FCC, de Melchor Mascaró y de Ses Nostres Eines.

El cuarto detenido es un funcionario de la consellería de Medio Ambiente del Consell insular que fue arrestado en su despacho, identificado como G.P.

En este nuevo caso se investiga un supuesto desvío de fondos públicos, de emisión de facturas falsas y posible cobro de comisiones en la gestión de la recogida de los residuos urbanos de Mallorca, que comprende a todos los municipios de la isla exceptuando el área metropolitana de Palma.

No obstante, la clave de la investigación se encuentra en el supuesto cobro de servicios por tratamiento selectivo de basuras que no se llegaron a realizar, según fuentes de la investigación.

El detenido G.P. es un ingeniero técnico de la consellería de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, que presenció el registro de su despacho en la consellería por parte de los policías del Grupo de Delincuencia Económica encargados de la investigación.

El detenido se declaró "totalmente inocente" y permanecerá en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, según explicó su abogado, Tomeu Oliver, que estuvo presente en el registro.

La "operación Cloaca" se centró en la consellería de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, en Palma, y en diferentes empresas adjudicatarias de las localidades mallorquinas de Inca y Manacor.

Nada más enterarse de la operación, la consellera del departamento, Marilena Tugores, del BLOC, abandonó la reunión del pleno ordinario que celebraba el Consell para acudir a las dependencias que eran registradas, en la calle de General Riera 111.

Precisamente fue el propio Consell el que denunció a la Fiscalía que se había detectado una sobrefacturación de más de un millón de euros en los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos que prestaban empresas privadas concesionarias de la administración insular.