María Emilia Casas se despidió ayer de la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) acusando a los partidos políticos de incumplir la Constitución por no respetar los plazos para que el Congreso y el Senado procedieran a la renovación del alto tribunal lo que, ha dicho, "a todos perjudica".

Así lo señaló Casas en su último discurso como presidenta del TC durante el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado, el ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando y los catedráticos Francisco Pérez de los Cobos, Luis Ortega y Adela Asúa.

Además de Casas, abandonaron ayer el Constitucional los magistrados Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, tras más de tres años de bloqueo por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para acometer la renovación.

Tras la toma de posesión de los cuatro nuevos miembros del TC, el magistrado de mayor edad, Javier Delgado, asumió en funciones la presidencia del Constitucional hasta que se convoque un pleno para elegir al nuevo presidente lo que, según indicó éste a varios periodistas, tendrá lugar la próxima semana.

También Delgado, al ocupar el sillón presidencial, cerró el acto institucional con una referencia a los retrasos en la renovación: "Queda constituido el Tribunal Constitucional dejando constancia de la anomalía de su situación".

Todavía como presidenta, María Emilia Casas tuvo duras palabras para el retraso aunque "sin atribuir culpas ni repartir responsabilidades" y dijo que si los procedimientos previstos por los Reglamentos de las Cámaras no consiguen su cumplimiento "habrá que modificarlos".

"El retraso en la ordenada renovación del Tribunal a nadie favorece y a todos perjudica. Especialmente al Parlamento, que infringe las previsiones" constitucionales, ha señalado Casas, que dijo que tampoco es conforme a la Carta Magna que tres de los magistrados que permanecen -los que debe designar el Congreso- tengan ya su mandato extinguido.

Consideró que la legitimidad que otorga la designación de los magistrados por los representantes del pueblo español "se ve empañada" si no se produce en plazo y "quedan embarradas" por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento.

El discurso de Casas fue apoyado unánimemente por todos los magistrados -tanto salientes como entrantes, conservadores y progresistas- al considerar que, según señalaron varios de ellos posteriormente, puso "los puntos sobre las íes".

"Todos los magistrados suscribimos el discurso de la presidenta porque no se puede hacer eso a un tribunal", dijo Eugenio Gay.

Otra valoración fue la del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, quien consideró que, aunque Casas se refirió a "cosas que son ciertas", no está legitimada para decirlas porque, en su opinión, dio el visto bueno a una ley que permitió la prórroga de su mandato.

Trillo calificó la presidencia de Casas como el "período más negro" del alto tribunal.

El discurso de Casas también fue valorado por los dos ministros asistentes al acto, el de Presidencia y el de Justicia, Ramón Jáuregui y Francisco Caamaño, respectivamente.

Jaúregui consideró que los reproches de Casas a los grupos parlamentarios deben ser asumidos pero, explicó, la situación no ha sido culpa del grupo socialista.

El ministro expresó la satisfacción del Gobierno por el acto de ayer y confió en que "ojalá sea posible la renovación de los miembros por el Congreso en los próximos no sé si días, semanas o meses".

Por su parte, Caamaño dijo que el discurso se hizo desde la lealtad al TC y a la Constitución apelando a la responsabilidad institucional y recordó que el PSOE siempre ha estado dispuesto a la renovación del tribunal y han dado prueba de ello.