El Gobierno no se fía de los controladores y, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario de ayer, decidió pedir al Congreso de los Diputados prolongar el estado de alarma hasta el día 15 de enero y garantizar así la tranquilidad durante las fiestas navideñas, en "esos días especialmente importantes para los ciudadanos españoles".
En este sentido se pronunció el vicepresidente primero del Ejecutivo central, Alfredo Pérez Rubalcaba, que puntualizó que lo que se pretende es que "todo vuelva a ser exactamente igual que antes del 3 de diciembre", día del plante de los controladores.
En este sentido, agregó que la propuesta será llevada mañana al pleno del Congreso para que sea refrendada por el resto de formaciones políticas, algo que parece garantizado gracias a sus apoyos parlamentarios.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno acepte variar esa fecha a petición de algún grupo parlamentario -CiU ha avanzado que prefiere restringir la alarma hasta el fin de las vacaciones navideñas- Rubalcaba se limitó a señalar que tiene que esperar a escuchar a los portavoces.
El Consejo estudió tres informes de los Ministerios de Defensa, Fomento y Justicia, y, según Rubalcaba, "no ha habido discrepancias" entre los distintos miembros del gabinete respecto a la fecha hasta la que debe prolongarse el estado de alarma.
En principio el Gobierno cuenta con el apoyo de CiU, el PNV y CC, aunque todos los grupos pueden proponer modificaciones a la propuesta del Ejecutivo, que plantea la alarma con las mismas condiciones que la del decreto que puso a los controladores bajo mando militar el 4 de diciembre.
La propuesta de prórroga será defendida ante el Pleno del congreso por el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ya que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene que viajar a Bruselas ese día para participar en un "importantísimo" Consejo Europeo.
Rubalcaba recalcó que la prórroga del estado de alarma no es lo mismo que el decreto que la declaró desde el punto de vista de su importancia política.
Si la propuesta del Gobierno logra el respaldo del Congreso, el Consejo de Ministros aprobará el viernes el decreto de prórroga.
El PP no ha querido aclarar si su formación estaría o no abierta a apoyar la prórroga del estado de alarma. Quienes sí confirmaron que apoyarán al Ejecutivo son el PNV y CiU. Los nacionalistas vascos han condicionado su apoyo a que el Gobierno limite la prórroga en el tiempo, al igual que Convergencia ha optado por apoyar "sin ningún tipo de complejo" pero avisa al PSOE de que "no debe acostumbrarse".
Por contra, IU cargó contra el Ejecutivo ya que tacha la medida de "desquiciante" y "disparatada", y evidencia la "impotencia" del gobierno socialista de arreglar la situación del sector aeroportuario.
Un antes y un después
El ministro de Fomento, José Blanco, defendió horas antes la oportunidad de continuar bajo este estado excepcional en una comparecencia en Comisión en la que arremetió duramente contra el colectivo de los controladores y pidió apoyo para "darles una respuesta a la altura de su grave desafío". A su juicio, "hay un antes y un después" del "desafío a la soberanía nacional" del 3 de diciembre y corresponde al Gobierno "trabajar" para "evitar cualquier clase de tentaciones o recaídas".
Según su relato de la situación, los controladores, "embriagados por tantos años de continuas cesiones, han llegado a pensar que todo era posible para mantener sus privilegios, incluso poner de rodillas al Estado tomando como rehenes a cientos de miles de ciudadanos".
Mientras, el presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Juan Ignacio Lema, aseguró ayer que "siempre es posible" alcanzar un acuerdo con los controladores si hay "voluntad" de negociar y afirmó que el ente pondrá "todos sus medios", incluido el arbitraje, para lograrlo antes del 31 de enero y poder cerrar así este conflicto.
"Cuando alcanzamos el acuerdo de base en agosto, ya propusimos un arbitraje y ahora estamos dispuestos a utilizar cualquier mecanismo legal para cerrar el conflicto, aunque nos gustaría que sea negociado", apostilló, al tiempo que resaltó que el tratamiento por parte de los militares hacia el personal de los controladores está siendo en todo momento "exquisito" y explicó que en caso de que bajo mando militar pueda producirse un nuevo "plante", los controladores tendrían que responder según el ordenamiento militar.