Un total de 60 guardias civiles de todos los rangos procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias acudirán este sábado a la manifestación programada en Madrid por los sindicatos en defensa de las condiciones laborales de los agentes, informaron a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Por su parte, el Gobierno acató la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) de permitir la manifestación de guardias civiles convocada para este sábado y, ahora, la Delegación del Gobierno en el capital se encargará de velar por que la manifestación se desarrolla conforme a los términos de la convocatoria.

Así lo han señalado fuentes gubernamentales, que han enmarcado en la "normalidad democrática" la decisión del TSJM de permitir la manifestación inicialmente prohibida por la Delegación de Gobierno.

El TSJM revocó el jueves la decisión de la Delegación de Gobierno que prohibió a los guardias civiles manifestarse en defensa de sus condiciones laborales al entender que era un acto sindical no permitido a los agentes del Instituto Armado. Según el fallo del tribunal madrileño, se declara "nula" aquella decisión por entender que "no se ajusta a derecho y vulnera el derecho fundamental de reunión de los guardias civiles".

En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativa ha estimado el recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) considera que la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid "excede el límite legal" y "vulnera un principio fundamental", reconocido en la Constitución, por lo que declara la prohibición "nula de pleno Derecho".

La Sala reconoce así el derecho a manifestarse de los agentes del Instituto Armado para "la defensa y promoción de sus intereses profesionales", por lo que AUGC junto con la Unión de Oficiales (UO) podrán mantener la marcha en defensa de las condiciones laborales de los miembros del Instituto Armado, sin necesidad de acudir a título particular y como un ciudadano de a pie a un acto anunciado por la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA) en apoyo a los agentes.

El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado se opusieron a la celebración de la manifestación alegando que su contenido y objetivos tenían "claramente" carácter sindical y defendieron que los integrantes del Instituto Armado "no son titulares" del derecho de reunión, "por haberles sido negado expresamente por la Constitución y la Ley".