El Gobierno madrileño hará efectiva la reducción de liberados sindicales en su Administración el 1 de enero de 2011, aunque a día de hoy las diferencias numéricas son "enormes" y los representantes de los trabajadores condicionan tal rebaja a la negociación "total" del convenio de la Función Pública.
La cifra de liberados sindicales en la Comunidad fue el principal escollo en la reunión de la Mesa de la Función Pública que ayer se prolongó durante dos horas y congregó a doce representantes del Gobierno que preside Esperanza Aguirre, encabezados por su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, y quince miembros de CCOO, UGT y CSIT-UP.
Granados expuso la "intención" del Ejecutivo madrileño de reducir de 3.500 a 1.500 los liberados sindicales, lo que supondrá un ahorro anual de 73 millones de euros.
Esta intención, dijo Granados, va acompañada de la de alcanzar un "acuerdo" en ésta o en cualquier otra materia aunque con una premisa: que no suponga un sobrecoste a las arcas públicas madrileñas.
Y es que los representantes sindicales de los 200.000 empleados públicos que trabajan en la región quieren tratar el asunto de los liberados sindicales "en el conjunto" de la negociación del convenio colectivo de la Función Pública.
Hasta entonces, Gobierno y sindicatos se han dado trece días de plazo, hasta que se celebre la huelga general del próximo día 29, para volver a sentarse y "estudiar" los datos que unos y otros tienen sobre liberados sindicales.
Ante la prensa, Granados aseguró que estos trabajadores están "identificados, con nombres y apellidos", mientras que los representantes de CCOO, UGT y CSIT-UP evitaron dar cifras y defendieron que, cualquiera que éstas sean, "el número es absolutamente legítimo", dijo el portavoz de UGT, Fernando Sánchez.
Su homólogo de CCOO, Juan Antonio Olmos, criticó la manera "mezquina" en que el Gobierno de Aguirre ha anunciado su propósito de reducir el número de liberados.