El Ministerio del Interior ordenó ayer expedientes disciplinarios a los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y de la Unión de Oficiales (UO) por haber dicho que el Gobierno, al prohibirles manifestarse, les trata "como a terroristas de ETA".
La orden partió del director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que considera que el secretario general de AUGC, Alberto Moya, y el presidente de UO, Francisco García, vertieron "graves acusaciones contra diversas Instituciones y Autoridades del Estado" que podrían constituir una infracción del Régimen Disciplinario del Cuerpo.
Fuentes del instituto armado explicaron que ahora se designará un instructor que tendrá que decidir si las manifestaciones de Moya y de García son sancionables y, en ese caso, si constituyen una falta grave o muy grave, después de lo que propondrá el archivo del expediente o la im-posición de la correspondiente sanción.
La AUGC consideró una "barbaridad" los expedientes abiertos y acusó al Ejecutivo de intentar "cercenar" su libertad de expresión.
"El Gobierno opta no sólo por prohibir el derecho de reunión y manifestación de los guardias civiles, sino por cercenar el derecho fundamental de expresión", denunció el responsable de prensa de AUGC, Manuel del Álamo. Para éste, la decisión del director general de la Policía y la Guardia Civil "abre la caja de los truenos" y supone un "agravio" y una "represión brutal" contra los representantes de los guardias civiles.