El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, aseguró ayer que desconocía qué motivos llevaron a la Policía a detenerle el martes durante 12 horas.

Las declaraciones de Ripoll se produjeron en la Diputación un día después de que la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) le detuviera junto a otros diez arrestos en Orihuela, Alicante y Valencia en relación con la operación "Brugal", que gira en torno a la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja.

El presidente de la Diputación explicó que tanto el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, como el regional, Francisco Camps, le han transmitido telefónicamente su "apoyo", aunque todavía "nadie" la ha comunicado los supuestos hechos que se le atribuyen.

Hoy prestará declaración ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela (Alicante) asesorado por sus abogados con un espíritu de "colaboración" y, previsiblemente, será entonces cuando se le informe de su situación dentro del proceso.

Ripoll quiso ayer dar la cara para ofrecer su versión ante decenas de periodistas al mismo tiempo que otro de los detenidos, el empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules y que también fue citado por el juez para hoy, relataba que está tranquilo y que su empresa actúa con "legalidad y honradez".

Precisamente la comparecencia de Ripoll (y de Ortiz) ante el juez de hoy se contradice con el contenido de una nota emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que se indica que "no se ha acordado la citación judicial" alguna.

Esto es exactamente opuesto a lo explicado por Ripoll, quien incluso leyó íntegramente la citación judicial supuestamente emitida por el juez de Orihuela.

Críticas al despliegue

Además, el conseller de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, cree que "para pedir expedientes administrativos no hace falta hacer un despliegue policial de tanta magnitud" y, con ironía, ha opinado que "ya que ha ido tanto número de policías" la Generalitat agradecería "muchísimo" que se quedaran para rebajar las tasas de criminalidad, sobre todo ahora que es verano.

A primera hora, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó la presunción de inocencia de todo ciudadano y lamentado que en España se use mucho "la pena del Telediario", y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo que las "formas" obedecen a una "utilización partidista de los poderes del Estado de Derecho".

Por el contrario, el delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, subrayó que la actuación de la Policía ha sido eficaz y "con pleno respeto a los derechos de todas las personas", como lo refleja que de los afectados "no ha habido ninguna queja".

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, aconsejó a los populares a que "cojan el toro por los cuernos" y asuman que el partido en la Comunitat está implicado "de los pies a la cabeza" en casos de corrupción, y la secretaria socialista de Organización, Leire Pajín, pide a Rajoy "que no se esconda".

El juez fue informado ayer de las detenciones y citaciones

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) señaló que "a media tarde" de ayer el juez que investiga el caso "Brugal" fue informado "verbalmente aunque no de manera oficial" de las detenciones del martes y de las comparecencias previstas para hoy en el juzgado. El TSJCV emitió un comunicado ante la "confusión" suscitada en relación con el anuncio que hicieron dos de los detenidos en el sentido de que fueron sido citados hoy para declarar ante el juez. "El juzgado no disponía al término de la mañana de hoy (ayer) de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación ni de su posterior puesta en libertad ni de las fechas en que hubieran sido emplazadas para comparecer", señaló la nota.