El Gobierno suprimirá 10.600 empleos en la Administración General del Estado (AGE) hasta 2013, con el fin de ahorrar cerca de 250 millones de euros en los próximos tres años.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la reducción del número máximo de vacantes en la AGE del 8% al 5% a través de la amortización o supresión de estas plazas denominadas RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y que evitará "desviaciones al alza" en los salarios de los empleados públicos.
Así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras anunciar también la creación del Observatorio del Empleo Público que servirá para analizar la actual situación del empleo en las administraciones públicas, su estructura y servicios.
De la Vega dijo que la creación del nuevo Observatorio "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas y será un foro de intercambio y comunicación de información para hacer "más eficiente" la AGE.
Asimismo, dentro del plan del Gobierno de austeridad y eficiencia de la Administración explicó que la limitación de vacantes hasta el 5% se prolongará durante todo el período de aplicación del Programa de Estabilidad, hasta el año 2013.
Dijo que la medida afectará a departamentos, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, Agencias Estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales.
Estos recortes no afectarán a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y Centros Penitenciarios, y los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.
Sobre la creación del Observatorio del Empleo Público, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que es una herramienta de la Planificación Estratégica de Recursos Humanos y responde al compromiso recogido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública en el marco del diálogo social 2010-2012, de 25 de septiembre de 2009.
Explicó que el Observatorio estará adscrito al Ministerio de la Presidencia y tendrá representación de la AGE, de las entidades autonómicas y locales y de los sindicatos y dijo que su objetivo es diseñar modelos que sitúen al empleo público en condiciones de encarar adecuadamente las necesidades futuras.